ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
9 – 24 de noviembre, 2008 |
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En Ecuador se está elaborando el proyecto de la nueva Ley Minera que cambiaría las reglas de juego del sector.
El Ministerio de Minas y Petróleo de Ecuador ha preparado un proyecto de Ley Minera que modificaría de manera importante el funcionamiento del sector en temas tales como, el proceso de subasta de las concesiones, el pago de regalías, los contratos de concesiones y el reparto de utilidades a los trabajadores. Algunas organizaciones indígenas y otras agrupaciones de la sociedad civil han expresado su desacuerdo ante los potenciales cambios y han realizado movilizaciones.
Una primera novedad es que se permitiría que el Estado obtenga mayores ingresos de la actividad minera, pues se introduce el pago de regalías, mientras que hasta ahora los concesionarios mineros solo pagaban el Impuesto a la Renta y las patentes. Al parecer, esta regalía estaría sujeta a negociación, pero sería de por lo menos el 5% de las ventas. Además, se aumentó el pago de patentes por cada hectárea concesionada, de un rango de entre US$ 1 y 16, a uno de entre US$ 5 y 20 por hectárea.
Por otro lado, la propuesta de Ley consolida la intervención del Estado en el sector, tanto en la planificación y control del sector como en el desarrollo mismo de algunos proyectos mineros. En lo relacionado a la planificación, se propone que el Ministerio de Minas formule una Política Nacional Minera vinculada al Plan Nacional de Desarrollo, definiendo las áreas en las que se hará actividad minera y regulando la actividad según los objetivos de desarrollo sostenible y participación social. Asimismo, se crearía una Agencia de Regulación y Control Minero, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Para la actividad minera del Estado, el proyecto de Ley establece la creación de la Empresa Nacional Minera que iniciaría sus operaciones con seis proyectos no metálicos, y que contaría con autonomía económica, financiera y administrativa.
Paradójicamente, a pesar del intenso proceso de renegociación de contratos que se ha venido implementando recientemente en Ecuador, con el objetivo de pasar de un sistema de participación a uno de prestación de servicios -y que causó la salida de Repsol YPF del país- el proyecto de nueva Ley permite que los contratos mineros tomen cualquiera de estas dos formas. Además, el otorgamiento de las concesiones mineras de áreas donde el Estado tiene derecho se haría a través de subasta pública.
Otro aspecto controversial es la nueva redistribución de las utilidades a los trabajadores mineros. En efecto, el proyecto de Ley plantea que los trabajadores recibirían solo el 3% de lo que recibían antes, que era equivalente al 15% de las utilidades que establece el actual Código del Trabajo. El argumento para esta reducción es que se genera una situación inequitativa respecto a lo que reciben los trabajadores de los otros sectores.
Finalmente, se establecieron motivos adicionales para la caducidad de las concesiones, dado que antes solo caducaban si no se pagaban las patentes. Esta ley plantea que las concesiones se reviertan al Estado por entrega de información falsa, daños ambientales, no pago de patentes o regalías, y por no entregar los informes anuales de exploración y producción.
Este proyecto de ley es percibido por algunos sectores del país como un paso clave para establecer reglas de juego que permitan que se reanuden las actividades de inversión extranjera en hidrocarburos en el país, dado que estas se habían suspendido desde abril de este año, como consecuencia de la renegociación de los contratos petroleros. Sin embargo, sus planteamientos han generado resistencia de parte de los pueblos indígenas y de organizaciones no gubernamentales.
Jorge Guamán, Coordinador de la organización Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), calificó al proyecto de ley de "excluyente y contradictorio" y afirmó que el tema exige más debate, por lo que pidió una prórroga para el envío a la Comisión Legislativa, programado para el 14 de noviembre. El 18 de noviembre se movilizaron 1,500 personas hasta el Palacio de Carondelet para manifestar su oposición al proyecto de Ley, pero no fueron recibidos por el Presidente.
De otro lado, en un contexto de caída de la producción y de los precios internacionales del petróleo, el Gobierno del Presidente Correa parece decidido a promover la gran inversión en minería.
La decisión acerca de este proyecto de ley se tomaría el 3 de enero y sin un proceso de diálogo con todos los actores, su aprobación podría generar reacciones violentas que afecten la estabilidad del país.
Algunos países de América Latina comienzan a enfrentar escasez de energía por diversos motivos como el contrabando, la alta demanda y políticas sectoriales que priorizan la exportación.
En Bolivia, la escasez de combustibles se venía sintiendo hace varios meses debido a conflictos en las regiones productoras de gas que interrumpieron las operaciones de las empresas y la distribución del gas. Sin embargo, la escasez de gas y diesel persiste aunque ya no haya bloqueos. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sostuvo que "son varios elementos los que se suman; el contrabando, la corrupción en niveles subalternos (de YPFB) y los sabotajes de algunos empresarios de la distribución".
Ante esto el Estado implementó distintas medidas para evitar el contrabando de combustibles. En este sentido, emitió un Decreto Supremo para permitir el uso de la Ley 1008 de sustancias controladas para el contrabando de combustibles, castigando el tráfico ilícito de diesel, gasolinas y GLP con entre 5 y 25 años de cárcel. Otra medida tomada fue la implementación de vigilancia de las fronteras desarrollada por las Fuerzas Armadas, la Policía y el Control Operativo Aduanero.
También se oyeron opiniones distintas a las del Estado acerca de los motivos detrás de la escasez. En efecto, se argumentó que la escasez es producto de la falta real de combustibles resultante de la baja inversión en el sector. Analistas y ex autoridades del sector como Carlos Miranda, señalaron que en Bolivia se estaba produciendo menos petróleo por la reducida perforación de pozos. Hacia delante, el país necesitaría US$ 7,000 millones para abastecer al mercado interno y cumplir con los contratos de exportación.
En Trinidad y Tobago se enfrentó una situación de peligro de desabastecimiento de gas de cocina en las semanas recientes. El Sindicato de Trabajadores Petroleros (OWTU) inició una paralización al mismo tiempo que advertía la escasez del gas de cocina de petróleo licuado. A fines del mes de noviembre comenzó a observarse escasez de este combustible en los establecimientos de poblados pequeños. Sin embargo, representantes de la Empresa Nacional de Petróleo (NP) afirmaron que se trataba de un problema de distribución y no de falta de combustible, aunque la huelga de trabajadores continúa hasta los primeros días de diciembre.
A pesar de las importantes reservas de gas de Camisea en el Perú, las probabilidades de no satisfacer la demanda interna que crece rápidamente en el país son muy altas. El problema surgió porque en julio del 2007, el gobierno de Alan García firmó un contrato con Transportadora de Gas del Perú (TGP) y la empresa Perú LNG para exportar 620 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) a México. Esta cantidad de gas equivale a más de la mitad de la capacidad del gaseoducto que transporta el gas de la selva a la costa. Por lo tanto, la capacidad que queda para abastecer al mercado interno es inferior al nivel de demanda que se calcula para el 2010 o 2011. Esta alarmante situación se agrava porque las sequías que se han registrado recientemente en el país implican una disminución de la energía generada por hidroeléctricas.
La construcción del gaseoducto de Camisea fue posible gracias a numerosos beneficios tributarios entregados por el Estado peruano como el fraccionamiento del pago de aranceles en 7 años, la recuperación anticipada del IGV, además de garantías de una demanda inicial. Pero, ante la posibilidad de que la capacidad ahora instalada no sea suficiente para cubrir la demanda interna, el Estado no está priorizando al país. El Ministro de Energía, Pedro Sánchez, declaró el 18 de noviembre que "El abastecimiento con este ducto sur andino tiene que hacerse con nuevos hallazgos de gas." Sin embargo el nuevo hallazgo de gas, el lote 57 que será explotado por Repsol, tiene reservas probables por 2 TPC comparado a 11.2 TPC de Camisea (Lotes 88 y 56). Además, el precio del gas extraído del lote 57 será significativamente mayor al gas que se venderá a México porque Repsol tendrá que asumir los riesgos de exploración, mientras que para el proyecto Camisea, Shell realizó las inversiones previas, pero devolvió el lote al Estado, ahorrándole esos costos a Pluspetrol. El gas del lote 88 se vende a la industria a US$ 2.10 por mil pies cúbicos (mpc), mientras que el gas del lote 56 se vendería al precio internacional que se encuentra alrededor en Estados Unidos alrededor de US$ 6.7 por mpc.
En este contexto toman importancia proyectos como los de la petrolera estadounidense BPZ de construir un gaseoducto desde Piura, al norte del Perú, hasta Chimbote y la aprobación del crédito de la CAF a TGP para la expansión del sistema de ductos de transporte del gas de Camisea.
Los distintos problemas descritos muestran que hay varios factores que están afectando la provisión de energía en los países de Latinoamérica. Aunque no en todos los países la situación se ha convertido en una crisis energética, es necesario que los países desarrollen planes y políticas energéticas claras que tomen en cuenta la realidad de la demanda del país, el entorno mundial de precios y las condiciones climáticas actuales.
La volatilidad de los precios internacionales de los minerales y el petróleo han comenzado a afectar a las empresas del sector extractivo en América Latina.
Mientras que los precios del petróleo llegaron a niveles históricos por encima de US$ 147 el barril, empresas como la estatal colombiana Ecopetrol y la brasilera Petrobras registraron ganancias record que se han mantenido hasta el tercer trimestre de este año. Sin embargo, a partir de julio los precios iniciaron una caída dramática hasta representar US$ 48 dólares el barril en el mes de noviembre.
Esta reducción aun no ha afectado la utilidad neta de las empresas mencionadas en el tercer trimestre, que fueron de US$ 3.93 billones para Ecopetrol y US$ 5.66 para Petrobras, pero se espera que en el último trimestre del 2008 y durante el 2009 se observe una disminución de las ganancias de estas empresas. En el caso de las empresas mineras, la caída de los precios sí ha comenzado a tener efectos en la rentabilidad de las grandes empresas mineras tanto en Perú como en Chile.
De acuerdo a la información de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMP) del Perú, la rentabilidad de las mineras sufrió una caída de 35% en el tercer trimestre del año debido a la aguda reducción de los precios internacionales de los minerales. Las empresas mencionaron que estaban haciendo esfuerzos para reducir sus costos de producción y así mejorar su rentabilidad y el presidente de la SNMP, Isaac Cruz, señaló: "Pese a que este año se ha incrementado la producción de minerales en el Perú, las condiciones para obtener buenos resultados se han vuelto difíciles en todo sentido."
Frente a estas declaraciones, el experto en temas de minería de la ONG Cooperacción, José de Echave, advirtió que una grave consecuencia de esto será la menor recaudación de Impuesto a la Renta (IR), del que se reparte 50% en la forma de Canon para los gobiernos regionales y locales de las regiones productoras. Por lo tanto, los recursos entregados podrían reducirse hasta en un 30% para el 2010, aunque en el 2009 aun no se sentiría el efecto de la reducción de precios, pues el canon repartido corresponde al IR tributado en el 2008.
En Chile, las proyecciones de ingresos realizadas por el Banco Central tuvieron que ser corregidas a la luz de la reducción de los precios internacionales. De esta manera se estimó que el efecto del menor precio del cobre afectará significativamente los ingresos de la empresa estatal Codelco y esto generará una reducción de los ingresos fiscales tan grande que se registraría un déficit fiscal de 1% por primera vez en 6 años. Se estima que Codelco entregó al fisco US$ 7.9 mil millones en el 2007, mientras que en el 2008 esta cifra sería alrededor de US$ 5 mil millones. La administración de la empresa mencionó que el motivo de la menor rentabilidad es la caída de los precios, que hace evidente una política de costos elevada.
En el Perú la nueva situación también se está manifestando en la postergación de algunos proyectos mineros -como el de Minas Conga de la Minera Yanacocha, propiedad de Newmont Mining Corp.- y la suspensión de otros –como los de la minera Doe Run en La Oroya. Y también las empresas anuncian la disminución y hasta suspensión del llamado "óbolo voluntario", en vista de las mermas previstas en las utilidades.
Frente a esta situación, el ex ministro de Energía y Minas, Juan Incháustegui, buscó quitar dramatismo a la situación señalando que las inversiones en minería probablemente no enfrenten una disminución significativa, pero las utilidades mineras sí lo harán. Afirmó además que el sector minero es uno de los mejor preparados para la crisis internacional y que aunque se pospongan algunos proyectos, es probable que estos se desarrollen en el futuro cuando haya mayor liquidez.
A pesar de que situación de desaceleración del sector minero representa una dificultad en términos de los ingresos que recibe el Estado, el mismo Estado debe buscar que las empresas del sector enfrenten la situación adversa usando los recursos extraordinarios que recibieron en el periodo de altos precios. Como lo advierte De Echave, los gobiernos no deben flexibilizar su regulación del sector a causa del contexto, ni otorgar a los nuevos proyectos beneficios que sean desventajosos para el país.
Sources: La Primera, Correo, El Comercio Peru, Elcomercio.com, ElDeber.com.bo, El Universal, The Trinidad Guardian, La Razón, La Republica.com.co, La Republica.pe, Folha Online
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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