ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
25 de octubre – 8 de noviembre, 2008 |
English |
En algunos países importadores de petróleo, la caída en los precios internacionales no se ha traducido en menores precios de los combustibles para los consumidores finales.
Luego de llegar a niveles nunca antes registrados de US$ 147 por barril, los precios del petróleo se desplomaron y en las semanas recientes han oscilado alrededor de US$ 70. Esta dramática caída podría haber sido positiva para los consumidores de los países importadores de petróleo, pero en Perú y Colombia, los precios de los combustibles se han mantenido rígidos causando malestar entre los consumidores que tuvieron que enfrentar interminables alzas desde el comienzo de este año.
En Colombia los incrementos de los precios de la gasolina fluctuaron entre 80 y 120 pesos mensuales mientras los precios internacionales del petróleo subían. Por lo tanto, con la caída actual, los usuarios esperaban que la gasolina se abaratara también, pero diferentes fuerzas han impedido que esto suceda.
Sucede que, para determinar el precio de la gasolina, las distribuidoras colombianas toman en cuenta no solo el precio internacional sino también el tipo de cambio y este último ha registrado importantes aumentos recientemente debido al fortalecimiento del dólar. En efecto -y contra lo que esperan los consumidores- si esta tendencia continúa, hasta sería posible que las gasolinas muestren aumentos moderados. Otro factor que mantiene los precios altos es el elevado porcentaje de los mismos que corresponde a impuestos. En este país el 48% del precio de un galón de gasolina está compuesto por el impuesto global, el IVA, la sobretasa, y el impuesto de marcación.
Como consecuencia de esto, el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas, Julio César Vera, afirmó que el alivio en el precio de la gasolina podría sentirse recién en enero o febrero del 2009, siempre que los precios internacionales y el tipo de cambio se mantengan en sus niveles actuales. Esta predicción se calificó de “optimista”, ya que los distribuidores argumentaron que los precios deberían subir en estos meses dado que sus ventas cayeron recientemente por los altos precios.
En el Perú se anunció en varias ocasiones, desde el 30 de octubre, que los precios de las gasolinas bajarían entre 0.80 y 1.03 soles. Esta reducción no se concretó a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Enegía y Minas (Minem) afirmaron que habían aprobado medidas para que los precios bajen. En efecto, el Presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios señaló que la refinería estatal PetroPerú había reducido los precios y se esperaba que la refinería La Pampilla de Repsol YPF haga lo mismo. Sin embargo, días después los precios se mantenían rígidos, a pesar de que especialistas en hidrocarburos como Aurelio Ochoa habían advertido que, de acuerdo con el dinamismo del mercado peruano, no era plausible que los distribuidores aun estén vendiendo sus stocks comprados a precios más altos. Ya el 5 de noviembre, el viceministro de Economía, Eduardo Morón, pidió a las refinerías y distribuidores que trasladaran la reducción de precios a los consumidores finales, pero estos establecimientos aun no responden con el esperado ajuste de precios.
Esta falta de respuesta de las empresas de distribución demuestra una débil acción de los Estados para proteger a los consumidores de estos países quienes han sido perjudicados en el periodo de rápido incremento de los precios del petróleo. Es necesario, por lo tanto, que se tomen medidas prestando atención al nuevo contexto global y no se permita que las empresas cobren precios desfasados de la realidad.
Habrá que ver cómo se está viviendo esta misma situación en países que son netamente consumidores de energía, como Argentina y Chile, que hasta hace poco también sufrían un encarecimiento progresivo de la energía importada en la forma de gas y diesel.
Persistencia de los conflictos por falta de atención del Estado.
Las industrias extractivas vienen generando conflictos con la población afectada por sus operaciones, como consecuencia de factores como la contaminación ambiental, problemas laborales, o por discrepancias diversas en torno al uso de los recursos fiscales que las mismas generan. La persistencia de estos conflictos en países como Ecuador y Perú muestra que la falta de acciones concretas para enfrentarlos puede llevar a generar crisis políticas de proporciones.
En el Perú, el Estado había dejado pendiente la solución del conflicto entre los departamentos sureños de Moquegua y Tacna a causa de la asignación de los recursos de canon generados por la empresa Southern Perú Copper Corporation, la cual opera en ambos departamentos.
Desde junio del 2007 las autoridades de Moquegua habían venido protestando contra una disminución en la cantidad de recursos que les tocaría ese año, en comparación con el incremento de los recursos asignados a la vecina Región Tacna. Luego de un año de inacción por parte del Estado, en junio del 2008 estalló una intensa protesta que incluyó el secuestro de un alto oficial y decenas de policías. Solo frente a esta situación extrema, el Estado se comprometió a presentar una propuesta legal de asignación en 30 días, periodo que tampoco fue cumplido. A comienzos de octubre se realizó una protesta pacífica ante la cual el Estado no respondió, hasta que el 29 de octubre comenzó un segundo “Moqueguazo” que incluyó el bloqueo del puente que conecta las regiones del sur del país, protesta que dejó un muerto y más de 60 heridos.
Es solo frente a esta situación de desorden y violencia -sobre la cual la Defensoría del Pueblo había ya mostrado preocupación y pedido que se tomen medidas- que el 30 de octubre el pleno del Congreso modificó el Reglamento de la Ley de Canon, mediante la Ley 2713. Esta nueva norma establece que el monto de recursos asignado a cada departamento se determina en base al valor de venta del concentrado extraído y no –como antes- a la cantidad de tierra removida en la extracción. Sin embargo, al ser la solución aprobada beneficiosa para Moquegua, se inició ahora en Tacna una fuerte movilización, frente a la cual tuvieron que intervenir fuerzas del Ejército. Los pobladores de Tacna también incluyeron el uso de las reservas de agua de este departamento entre sus reclamos, exigiendo la cancelación de las licencias de explotación hídrica a favor de la minería en la región.
Otro conflicto –esta vez generado por reclamos acerca del régimen laboral de los trabajadores- se inició el 27 de octubre en la minera Casapalca. El Sindicato Único de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos anunció la movilización de sus agremiados como consecuencia de la falta de concreción de los acuerdos firmados con el ex Viceministro de Trabajo en junio del 2008 entre los cuales estaba la realización de inspecciones laborales. El problema, que ya había generado una paralización con actos de violencia en junio del 2007, se centra en los jornales recibidos, el sistema de contratación a través de empresas terciarizadas en el que se encuentra el 90% de los trabajadores, el reparto de utilidades y las deficientes condiciones laborales. A pesar de la situación de tensión, ni el Estado ni la empresa han tomado aun acciones para atender los reclamos planteados.
Por otro lado, en Ecuador aun queda pendiente la solución del juicio de 15 años de duración entre la empresa Chevron Texaco y los pueblos amazónicos afectados por su explotación petrolera entre 1964 y 1992. Los grupos de indígenas y colonos acusan a la empresa de una grave contaminación del medio ambiente como consecuencia de sus prácticas de incineración de residuos de crudo, construcción de piscinas de desechos al aire libre, y varios derrames.
Los efectos de la contaminación durante el periodo de explotación aun se sienten, por lo que los afectados insisten en seguir con el juicio y se encuentran a la espera del fallo. Este caso muestra una manera distinta de enfrentar la falta de atención a un conflicto, pero igualmente se observa cómo la búsqueda de una solución se mantiene en el tiempo.
La abierta oposición de poblaciones indígenas y organizaciones ambientalistas a los grandes proyectos de inversión minera que la nueva Constitución de Ecuador promueve posiblemente desate una nueva ola de conflictos en ese país, en esta oportunidad, más parecidos que se han venido dando en el norte peruano.
Como muestran estos casos, las actividades de las industrias extractivas generan conflictos de distintos tipos y si son ignorados, los pueblos afectados recurrirán a los recursos que tienen disponibles para exigir una solución. Estos pueden ser acciones legales o, como ha sucedido más frecuentemente en el Perú en los años recientes, movilizaciones que pueden llegar a ser muy intensas y con graves consecuencias sociales y políticas.
Ecuador y Venezuela fortalecen sus vínculos con acuerdos bilaterales que tendrían importantes efectos sobre la política de industrias extractivas
El 28 de octubre los presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez, se reunieron en la ciudad de Puyo, en la Amazonía Ecuatoriana, para discutir y firmar diversos convenios de cooperación. Estos países latinoamericanos muestran similitudes en cuanto a su alta dependencia económica respecto de sus recursos naturales no renovables así como en cuanto a las tendencias políticas de sus gobiernos. En efecto, ambos han afirmado enormemente el rol del Estado en al sector petrolero, renegociando contratos y hasta expropiando empresas, y aumentando el protagonismo de sus empresas estatales –las que cada vez toman un rol más activo en proyectos de exploración y explotación de los hidrocarburos.
La reunión entre los Jefes de Estado tuvo como resultado la firma de 10 convenios bilaterales, siendo la mayoría acuerdos de cooperación en el sector petrolero. Entre estos se encuentran proyectos conjuntos de gran envergadura como la exploración y explotación petrolera en el campo Sacha en Ecuador a cargo una empresa de economía mixta, la exploración en el Bloque 4 del Golfo de Guayaquil, y la explotación del campo Ayacucho 5 en Venezuela en la que participará la empresa estatal Petroecuador. También se continuó con los planes de construcción de la refinería del Pacífico, para la que ya se han realizado avances significativos en los estudios de sísmica y se espera comenzar a instalar infraestructura en diciembre.
Además de acuerdos relacionados a proyectos de exploración y producción, los presidentes discutieron posibles estrategias que tomarían los países ante la caída de los precios del petróleo. En efecto, Chávez sostuvo que si los precios continuaban bajando apoyaría un recorte adicional de la producción y recomendó que Ecuador proponga la fijación de una banda de precios del crudo en la próxima reunión de la OPEP. Se especificó que Ecuador y Venezuela estaban de acuerdo en que el precio del barril de petróleo debería mantenerse entre US$70 y US$80. Chávez incluso ofreció enviar combustible a Ecuador si este país no contaba con suficientes reservas de gas.
Los convenios firmados tienen implicancias no solo para estos dos países sino que pueden tener impactos globales, pues -dada la importancia de ambos países en la producción mundial- podría tener efectos sobre los precios internacionales del petróleo en los meses que vienen. Además, se consolida la tendencia que se viene observando en el continente de proyectos petroleros y gasíferos realizados a través de alianzas entre empresas estatales de los países latinoamericanos. Ahora solo queda esperar a ver si el nuevo contexto de los precios internacionales del petróleo no postergan los proyectos de estos países, una preocupación que expresó el Presidente de Ecuador Rafael Correa.
Sources: El País, Perú 21, La Republica, Correo, La Primera, El Comercio Peru, Elcomercio.com, El Universal
PREVIOUS ISSUES
U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
Learn more about the report ...
NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
Learn more ...