ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya
25 Setiembre – 9 Octubre, 2009 |
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Perú: pobladores de Islay manifestaron su rechazo a la actividad minera mediante consulta vecinal.
El 27 de Setiembre pasado, los pobladores de la provincia de Islay—ubicada en el departamento de Arequipa—participaron en una consulta organizada por la municipalidad para expresare su apoyo o rechazo al proyecto minero Tía María, perteneciente a la empresa Southern Perú y ubicado en el distrito de Cocachacra.
El resultado de la consulta, que se llevó a cabo en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, Mejía y Matarani, fue el rechazo al desarrollo de Tía María. En el distrito de Cocachacra, los consultados respondieron a dos preguntas: Si estaban de acuerdo con el proyecto minero Tía María y con otros proyectos mineros; y si estaban de acuerdo o no con que Tía María u otro proyecto use las aguas subterráneas de Cocachacra. A la primera pregunta 2, 916 pobladores (93.1%) respondieron que No, contra 139 que respondieron Sí. A la segunda pregunta, 2, 929 (93.5%) se opusieron a que cualquier proyecto minero utilizara sus aguas subterráneas y 112 marcaron que Sí. En efecto, más del 90% se pronunció contra la minería, aunque hubo alto ausentismo: de los 6, 437 habilitados para votar, solo asistió el 48.7%. En Deán Valdivia y Punta de Bombón, 95,7% y 92,96% optó por el No respectivamente. En Mejía y Matarani, se observó la misma tendencia hacia el No. De esta manera, los pobladores se opusieron a las actividades de la minera, básicamente por el temor a los impactos ambientales negativos que pudiera tener.
La consulta no es legalmente vinculante, pues no participaron ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pero sí contó con la supervisión de la Asociación Civil Transparencia y de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Por ello, los pobladores de Islay tienen la esperanza de que consulta popular pueda ser utilizada para impedir la instalación de la mina. Por su parte, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha aprobado y presentado ante el Ministerio de Energía y Minas un acuerdo solicitando a la empresa Southern Perú que paralice temporalmente sus actividades. No obstante, el Gobierno Regional como tal no ha suscrito el acuerdo, pero si ha formado una comisión multisectorial para buscar solución a este conflicto.
El aspecto del proyecto que preocupa a la gente es que se propone utilizar el agua del subsuelo del río Tambo para efectuar sus operaciones, afectando a más de 12,500 hectáreas de cultivos ubicadas en el valle del Tambo. Por su parte, la empresa ha buscado demostrar que usaría solamente aguas superficiales, sin afectar los caudales que discurren río abajo e irrigan la cuenca.
Es importante a respecto resaltar que parte de los consultados señalaron que si bien están en contra de esta actividad minera por el potencial impacto negativo que pueda tener sobre el agua, están dispuestos a negociar una salida que no implique el uso de las aguas del subsuelo por parte de la minera. Efectivamente, los pobladores aceptarían el desarrollo de la operación minera, si ésta se compromete a desalinizar las aguas del mar y a construir una represa en la zona.
La consulta vecinal en Islay, Arequipa, es la manifestación más reciente de una tendencia hacia el involucramiento de los Gobiernos Locales en consultas ciudadanas respecto de la viabilidad de proyectos extractivos que tienen impactos negativos, reales o supuestos, sobre los recursos naturales renovables en los territorios en donde se realizaría la actividad extractiva. Ya ocurrió lo mismo antes en distritos y provincias de Piura y Moquegua y parece ser que—ante la falta de voluntad del Gobierno Central y de las empresas de poner en práctica las consultas establecidas por el Convenio i69 de la OIT—esta será una tarea que las municipalidades irán asumiendo como suyas.
Argentina: Consumidores de gas tendrían que pagar tarifas no subsidiadas.
El 12 de agosto pasado el Gobierno argentino decidió—tras diversas protestas y reclamos por parte de los usuarios—reponer temporalmente los subsidios al gas para aliviar los aumentos en los precios y evitar que continúen las presiones que buscaban derogar el Decreto 2067. Como se recordará, este Decreto estableció un cobro tarifario adicional sobre el precio del gas, para crear un fondo energético que asegure el abastecimiento de gas mediante la importación.
El aumento de las tarifas en el consumo de gas fue rechazado por los consumidores residenciales de mayores ingresos, quienes serían los más afectados con incrementos que alcanzan hasta el 400% para los medianos y altos consumidores. Las ciudades del interior establecieron demandas judiciales y el mismo Congreso se opuso al aumento de las tarifas. Así las cosas, el gobierno decidió suspender temporalmente la medida, lo que ha puesto en marcha el restablecimiento de alrededor de $ 500 millones de subsidios para estos consumidores, entre mayo y setiembre del 2009.
Casi dos meses después, los polémicos aumentos tarifarios en el gas vuelven a ocupar la agenda. Y esto debido a que el Ministerio de Planificación puso nuevamente en vigencia—desde el 1 de octubre del 2009—tarifas sin subsidios para aquellos consumos que estén por encima de determinados umbrales. Como era de esperarse, sectores de la oposición y diversas organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores al interior del país, coincidieron nuevamente en los reclamos y exigieron que se cobren las facturas sin los cuestionados aumentos.
Por el lado de la oposición, los diputados buscaban derogar el decreto y las resoluciones que permitieron los polémicos aumentos de tarifas los servicios de gas y electricidad. Mientras que por el lado de los consumidores, se llevaron a cabo protestas y marchas para evitar el aumento.
En el punto más álgido de la polémica, la oposición debatió en la Cámara de Diputados la derogación de los cuestionados incrementos en las tarifas del gas, pero no pudo anular los aumentos porque no consiguió el quórum necesario: de los 129 diputados necesarios para tratar los dictámenes de la comisión de Energía, solo se presentaron 63. Sin embargo acordaron debatir nuevamente el controvertido aumento en el marco de las sesiones que tratarán el proyecto de Presupuesto 2010.
Pese a contar con fallos judiciales que favorecen a los consumidores como en los caso de Jujuy, Chubut y Santa Fe, en donde se declaró el decreto inconstitucional y por lo tanto el cargo tarifario no sería incluido en la facturación, el gobierno ha logrado apelar estas respuestas judiciales, por lo que finalmente los usuarios tendrían que ajustarse a las nuevas tarifas no subsidiadas.
Bolivia: Ejecución del proyecto Mutún atraviesa contratiempos.
Una serie de dificultades y contratiempos han obstaculizado la puesta en marcha de la explotación del yacimiento de hierro de Mutún—uno de los yacimientos más grandes del mundo con 40 mil millones de toneladas de hierro—ubicado en Puerto Suarez, Santa Cruz, Bolivia. Este proyecto minero y siderúrgico se lleva a cabo mediante un contrato de riesgo compartido entre la estatal boliviana Empresa Siderúrgica Mutún EMS y la empresa Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de la hindú Jindal Steel & Power.
En el 2007 la empresa Jindal y el Estado boliviano firmaron un contrato para la explotación e industrialización del hierro que existe en el cerro Mutún. De acuerdo con el contrato, la ESM aportaría el yacimiento de hierro y los terrenos en los cuales se encuentra, mientras que el aporte de la empresa Jindal Steel sería la inversión en capital y tecnología para la explotación. De esta manera, Jindal se comprometía a invertir en 8 años un total de $us 2.100 millones, desembolsando $us 1.500 millones en los primeros cinco años.
Sin embargo, se ha generado un entrampamiento. La empresa aun no da inicio al plan de inversiones previsto, pues para ello reclama que la propiedad de todo el yacimiento esté totalmente saneada. El gobierno no acepta este argumento y ha advertido con tomar medidas legales contra la empresa.
Lo que ocurre es que en los terrenos concesionados se encuentran aun varias propiedades agrarias en manos de sus anteriores propietarios. Por ejemplo, tres haciendas ganaderas (Ongole S.A., Campiña Grande y San Antonio) han presentado una impugnación a la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA que les recortaba la superficie de sus posesiones.
Ante esta situación, Jindal ha propuesto modificaciones al contrato suscrito en el 2007, las que implicarían cambios en los montos de inversión, los tiempos de entrega, volúmenes y fases. Por su parte, el el ministro de Minería, Luis Echazú, indicó que a Jindal ya se le ha entregado casi la totalidad de la superficie saneada, la que sería más que suficiente para que pueda implementar su programa siderúrgico, por lo que descalificó los argumentos de la empresa.
La situación se ha complicado por la denuncia hecha ante el Ministerio Público por la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, contra Guillermo Delance, ex presidente de la ESM, por la presunta adquisición con sobreprecio de 18 predios en el cerro Mutún para la empresa Jindal. De acuerdo con la denuncia, 2.500 hectáreas que conforman los terrenos del área de explotación del yacimiento de hierro de Mutún fueron adquiridos por Delance con un sobreprecio de alrededor de $us 2 millones sobre un valor de esos terrenos que no superaba los $us 46.000. Delance fue destituido en el marco de esta denuncia.
En estas circunstancias ha resultado complicado establecer una agenda clara para la ejecución del proyecto y de los montos de inversión establecidos. Recientemente, Sergio Alandia ha sido nombrado presidente interino de la ESM, y pese a las dificultades, se espera que en las primeras semanas de octubre el Directorio del Riesgo Compartido ESM-JSB presente el presupuesto para la explotación del hierro y la industria siderúrgica.
Sources: Perú 21, Clarin.com, El Comercio (Peru), Eldeber.com.bo, Eldeberdigital.com, La Razón, La República (Peru), Página|12
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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