ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya
10 – 24 de Setiembre, 2009 |
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La ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA para Doe Run.
Por tercera vez en cinco años—en el 2004 se otorgó la primera prórroga y en el 2006 ésta fue extendida—el Estado peruano ha ampliado el plazo para que la compañía minera Doe Run, ubicada en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, cumpla con los estándares ambientales contemplados en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA.
Doe Run es la compañía a cargo del Complejo Metalúrgico de La Oroya que procesa los minerales extraídos por diversas empresas en la sierra central del Perú. Heredó un enorme pasivo ambiental cuando adquirió la Fundición en el año 1997, pero—por esa misma razón—adquirió la fundición a precios bajos a cambio de invertir en el PAMA para remontar la penosa situación actual de La Oroya, que ostenta el triste record de ser la ciudad con mayores niveles de contaminación de plomo en el mundo. Sin embargo, pese a ya haber largamente recuperado su inversión gracias a los altos precios de los minerales de los últimos años, Doe Run ha incumplido sistemáticamente con el PAMA.
Cabe recordar que, para cumplir con el PAMA, Doe Run debe culminar la Planta de Ácido Sulfúrico-Circuito Cobre, que capta el acido sulfúrico en dicho circuito. La construcción de la planta está avanzada en un 59%, pero la obra se suspendió en junio de este año debido a la situación financiera de la empresa, la que aduce que requiere de unos US$150 millones para finalizarla y que a sus proveedores mineros les debe unos $110 millones. No obstante un informe señaló que la empresa había logrado importantes ingresos del 2005 al 2008 que ascienden a más de $500 millones, lo que hace sospechar además que Doe Run habría estado remesando divisas a su casa matriz dado los bajos niveles de inversión previstos en el PAMA.1
Vencido el último plazo a fines de octubre del 2009, y ante el pedido de extensión de 30 meses por parte de la empresa, la Comisión técnica y multisectorial del Ejecutivo2 acordó prorrogar por un plazo de 20 meses las obligaciones ambientales de la empresa basándose en una visita al complejo metalúrgico, en un informe del Colegio de Ingenieros del Perú, y en dos estudios evaluados por Osinergmin. Sin embargo la empresa insistió en los 30 meses y solicitó 6 meses adicionales, señalando que ese es el tiempo que necesita para conseguir financiamiento y terminar el PAMA.
Ante la situación de parálisis de la empresa y temiendo perder sus empleos, los mismos trabajadores de Doe Run reclamaron al Ministerio de Energía y Minas, bloquearon un tramo de la Carretera Central, iniciaron un paro regional y se enfrentaron a la Policía, para que se le otorgue a la minera los 36 meses de plazo que solicita, y así ellos poder continuar con sus labores. A este reclamo se unieron también las autoridades regionales, quienes señalaban que la inoperatividad de la compañía estaba causando graves problemas a la economía local.
Finalmente el Congreso aprobó ampliar a 30 meses el plazo de implementación del PAMA, periodo que sería improrrogable. Esta decisión fue celebrada en La Oroya, pues los trabajadores volverán a sus labores en la mina y sus sueldos no correrán peligro de nuevo, por lo menos en los próximos meses. Por el lado de Doe Run, habrá que esperar cumpla con el PAMA en este nuevo plazo, pues a la fecha no ha mostrado voluntad de honrar los compromisos asumidos en este terreno. Por el lado del Estado, habrá que ver si esta vez se muestra firme ante una empresa que muestra indiferencia frente al mortal impacto que los actuales niveles de contaminación tienen sobre sus trabajadores y sus familias.
El Ejecutivo ecuatoriano presentó la Nueva Ley de Hidrocarburos.
El Gobierno del Ecuador ha presentado a debate público la Nueva Ley de Hidrocarburos (pdf), que principalmente busca una mayor presencia del Estado en el sector petrolero conforme al mandato de la nueva Constitución Política aprobada en noviembre del 2008.
La nueva norma establece principalmente: 1) la participación activa del Estado en el sector petrolero, lo que significa que el 100% de los ingresos por petróleo vayan al fisco, lo que reduce la participación privada; 2) el Contrato de Prestación de Servicios y otras formas de contratación, por ejemplo alianzas en el caso de campos de difícil acceso por parte del Estado; 3) la creación de un "Fondo de Soberanía Petrolera" que obliga a las privadas dar al fisco el 20% de sus ingresos brutos, que garantiza un pago al Estado independientemente de las variaciones en el precio del petróleo; y 4) la eliminación de la obligatoriedad de los concursos a través de los cuales se adjudican contratos, que se podrán otorgar de manera directa, siendo la licitación un mecanismo opcional.
También se contemplan otras modificaciones como la participación estatal en las tarifas de transporte por los ductos que son operados en territorio ecuatoriano y la creación de la Agencia de Regulación del Sector Petrolero que reemplazará a la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Con esta nueva norma, las compañías se someterán a tribunales nacionales o regionales en los casos de desacuerdos, más no al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.
De manera paralela, el gobierno también solicitó un informe sobre todos los contratos en el sector petrolero para "identificar a las empresas que son lesivas para el Estado" y "poner orden" en todas las actividades estratégicas. Este informe además debe contener recomendaciones y un cronograma para "reivindicar los derechos del Estado" sobre el petróleo.
Nueva Ley y preparación de informe sobre empresas sospechosas. Estas iniciativas han despertado temores en las principales empresas petroleras privadas, pues hay que recordar que desde que se produjo una renegociación de contratos en el 2008, Andes Petroleum de China, Repsol de España, y Petrobras de Brasil optaron por permanecer en el Ecuador con base en acuerdos temporales. Lo que hoy parece buscar el gobierno con esta medida es poder negociar con las privadas acuerdos definitivos al mismo tiempo que fortalecer a las nacionales Petroecuador y Petroamazonas.
Cabe mencionar que la producción y las exportaciones petroleras ecuatorianas han caído en 3.1% y 58.2% respectivamente, entre enero y julio de este año en comparación con el 2008. Las compañías han asegurado que las razones se encuentran en los bajos precios del petróleo, pero también en la falta de mejores condiciones para invertir en el sector. No obstante el gobierno señaló que si las empresas no cumplen con sus planes de inversión, se les aplicaría procesos de caducidad a los actuales contratos de participación.
Quedan claros los objetivos del estado, pero aun está pendiente el debate en la opinión pública y el Congreso Nacional, y se espera que en noviembre una versión final de la nueva Ley sea remitida al Congreso. La meta del ejecutivo es que la nueva Ley de Hidrocarburos se apruebe a principios de marzo del 2010.
Repsol anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de gas en Venezuela.
La petrolera española Repsol YPF anunció el descubrimiento de un yacimiento de gas natural en el Golfo de Venezuela. Las perforaciones realizadas hasta el momento en el pozo llamado "Perla I" ubicado en el bloque denominado Cardon IV, indican que podría haber entre 7 y 8 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas a una profundidad de 60 metros y que se extiende sobre un área de 33 km. De confirmarse las reservas estimadas, el Perla I podría ser el mayor pozo de gas descubierto en este país y uno de los más grandes del mundo.
El descubrimiento fue anunciado en el marco de las reuniones que venía sosteniendo el presidente Hugo Chávez en España con el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y con el rey Juan Carlos I, a quienes les comentó la buena noticia. Así mismo se reunió también con Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, con quien compartió las "grandes expectativas" respecto al pozo de gas recientemente descubierto.
Cabe mencionar que si bien Repsol YPF es el operador del pozo en consorcio junto a la empresa italiana Eni, la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, participará en la fase de desarrollo con un 35%, por lo que las empresas española e italiana se dividirán en partes iguales el 65% restante del proyecto, según lo estipulado en el contrato.
El presidente Hugo Chávez no demoró en destacar la importancia del descubrimiento para su país, señalando que este descubrimiento pondrá a Venezuela entre entre los cinco gigantes del mundo en gas. Solo para dar un ejemplo de la dimensión del pozo, Repsol señaló que la cantidad de gas encontrada en el Perla I, "serviría para abastecer de gas natural a España durante cinco años", por eso Chávez agregó que el hallazgo es "muy positivo para España y Venezuela".
Sin embargo las cifras aun son preliminares y el pozo aun continúa en evaluación para determinar su volumen exacto. Por su parte, el gobierno venezolano seguirá perforando para encontrar más yacimientos en el campo de gas Rafael Urdaneta, proyecto conformado por 29 bloques, de los cuales 18 están en el Golfo de Venezuela.
Este descubrimiento en el Golfo de Venezuela podría significar una nueva fuente de ingresos fiscales para el gobierno venezolano, cuyo presupuesto se ha contraído debido a los menores niveles de precios del petróleo desde julio del 2008.
Es interesante también comparar la situación de las reservas encontradas en el área del Pre-sal en Brasil, donde el gobierno ha propuesto un cambio legislativo para asegurar la participación de la petrolera estatal Petrobras en la explotación, con un mínimo de 30%. Por lo tanto, en ambos países las empresas petroleras estatales tendrían un rol estratégico en asegurar que el Estado reciba una proporción alta de las nuevas reservas de hidrocarburos.
Sources: Perú 21, Elcomercio.com (Ecuador), El Comercio (Peru), El Universal, El Universo, La República (Peru)
1Nota informativa elaborada por Jorge Manco Zaconetti & Consultores aqui.
2La Comisión "La Oroya" está conformada por integrantes del Ministerio de Energía y Minas y del Ambiente, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), del gobierno regional de Junín y por trabajadores de Doe Run.
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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