ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
7 – 21 de abril, 2009 |
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Bolivia ajusta los montos de sus exportaciones de gas natural a Argentina.
Las exportaciones de gas natural boliviano continúan en caída por la menor demanda de los países vecinos, sobre todo Brasil y Argentina. En el mes de marzo, las exportaciones fueron 24,9 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), un 25% menos que el nivel del mismo mes del 2008. Esta menor demanda ha venido acompañada por reducciones en el precio de exportación del gas natural. Por ejemplo, el precio al que se vende el gas a Argentina bajó de US$ 7.84 a US$ 4.58 por MMm3/d.
Esta reducción en la demanda de Argentina se explica por la menor actividad económica de los países latinoamericanos como por la reducción del precio de combustibles alternativos como el diesel. La caída de los precios se debe a que el precio del gas está atado a la evolución del precio del petróleo.
En este contexto adverso para Bolivia, se reunieron en Santa Cruz los ejecutivos de la empresa estatal boliviana YPFB y representantes de la estatal Energía Argentina S.A (Enarsa), así como funcionarios del Ministerio de Energía de Bolivia y del Ministerio de Planificación de Argentina.
El motivo de esta reunión fue definir el volumen de gas natural boliviano que será exportado a Argentina durante el invierno de este año. Asimismo, se discutió el inicio o la postergación del proyecto del Gaseoducto Noreste Argentino (GNEA). A pesar de que para esa fecha Bolivia estaba vendiendo en promedio 5 MMm3/d de gas a Argentina, en una reunión previa, el Presidente de YPFB, Carlos Villegas, había ofrecido aumentar el volumen a 6.5MMCd.
El 21 de abril, luego de la reunión, se informó que el contrato entre Bolivia y Argentina se había modificado y que ahora se garantizaba un mínimo de exportación de 4 Mm3/d de gas natural, mientras el convenio anterior establecía un volumen de 7,7 MMm3/d.
En lo referente al proyecto del GNEA, Carlos Villegas afirmó que el Gobierno Argentino había asumido la construcción del gaseoducto, la cual implica una inversión de US$ 950 millones. Sin embargo, no hubo precisiones acerca de la fecha de inicio de la obra.
Dos puntos sobre los cuales no se detalló si se realizaron modificaciones en el contrato fueron los precios y las penalidades. En este sentido, el analista energético Carlos Alberto López afirmó que el nuevo contrato no da la seguridad suficiente a los productores de gas bolivianos para aumentar su nivel de inversiones ya que la cantidad de compra garantizada por Argentina ha resultado siendo menor a los antes pactado y los precios probablemente se ajustarían a la baja, pues están atados a los precios internacionales del petróleo.
La caída de los precios internacionales de los hidrocarburos le permite a la Argentina abastecerse de otras fuentes de energía en los mercados internacionales, liberándose de la dependencia del gas boliviano, y le permite pagar precios menores. Además, la recesión significa menor consumo de energía y, de nuevo, menor demanda de gas boliviano. Para Bolivia, menos gas exportado a Argentina y a menores precios; es decir, menor renta de hidrocarburos. Y recordemos que ya Brasil está demandando menos y pagando menos.
Los precios de los combustibles en América Latina siguen mostrando desfases respecto a las cotizaciones internacionales.
Los precios internacionales del petróleo han fluctuado significativamente desde hace un año, pero esta volatilidad no se ha traducido directamente en cambios en los precios de las gasolinas en países como Venezuela, Chile y Colombia. Sin embargo, mientras en los dos primeros países los estados han tomado acciones para que los precios internos bajen al ritmo de la caída de los precios internacionales y se mantengan por debajo de estos, en Colombia se han mantenido casi al mismo nivel que en el periodo de precios altos.
La situación más extrema entre los países mencionados es la de Venezuela, donde el 13 de abril se reportó que la empresa estatal Pdvsa perdía cerca de 2,1 millardos de dólares por el subsidio que ha permitido que Venezuela sea el país con la gasolina más barata del mundo. Estas pérdidas serían aun más elevadas si se consideran los 7,2 millones de litros de diesel subsidiados para el mercado interno. Analistas afirman que para eliminar el subsidio a la gasolina de 95 octanos sería necesario que el precio interno actual se multiplique por ocho.
Asimismo, el Grupo Consultor ODH sostuvo que—según estimados propios dado que la estatal no publica su información financiera—los costos de refinación y transporte de las gasolinas estarían por encima del precio al que se vende a los consumidores finales. Las cifras aproximadas son de un costo de US$ 0,15 por litro de gasolina, mientras que el precio de venta es entre US$ 0,03 y US$0,04. Aunque se han planteado distintas soluciones para cerrar esta brecha, como aumentar el precio solo de la gasolina de 90 octanos utilizada por el 70% de la población, el Estado venezolano aun no ha anunciado ninguna medida al respecto. No obstante, es posible que las restricciones presupuestales no permitan continuar con estos subsidios.
En Chile, el gobierno estuvo favoreciendo a los consumidores de gasolinas a través de una rebaja del impuesto específico de 6 UTM en enero del 2008 a 3,5 UTM en la actualidad. Sin embargo, este recorte estaría vigente solo por unas semanas más dada la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. En efecto, la fórmula determinada por el Ministerio de Hacienda para este recorte señala que el impuesto se repondrá gradualmente si el precio del petróleo WTI se mantiene por debajo de US$ 85 por 12 meses consecutivos. Así, el impuesto completo volvería a ser aplicado a mediados de este año.
Ante los efectos negativos que esto tendría sobre los costos de la industria chilena, surgieron distintos pedidos de que se postergara esta reposición, por ejemplo de la Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).
En Colombia, la situación es distinta ya que el Estado no estableció un subsidio durante el periodo de precios altos, y los precios internos se mantuvieron casi al mismo nivel, aun cuando los precios internacionales se reducían. El presidente de la empresa Fendipetróleos, Rodrigo Valencia, afirmó que existía un sobrecosto aproximado de 53 centavos de dólar (1,200 pesos colombianos) por cada galón de gasolina. Una opción que se planteó en este contexto fue que se disminuya el impuesto a las gasolinas de 38% a 25%. Sin embargo, el 21 de abril el gobierno señaló que decretaría una reducción del precio de las gasolinas de 400 pesos por galón, la cual estaría vigente desde el 1 de mayo y se financiaría con los recursos acumulados en el fondo de estabilización que entre enero y marzo llegaron a 426 mil millones. Esta decisión se tomó ante el anuncio de una huelga indefinida de los transportistas.
Mientras en Colombia recién se ven reducciones para adecuar los precios internos al nivel actual de los precios internacionales, en Chile y Venezuela las políticas que protegieron a los consumidores de alzas más pronunciadas de las gasolinas comienzan a agotarse. Queda ver qué opciones toman los distintos gobiernos ante los reclamos de los consumidores, transportistas e industrias de mantener los precios de los combustibles bajos durante el periodo de crisis.
Los conflictos generados por las actividades extractivas aumentan en el Perú.
La conflictividad en el Perú aumentó significativamente en lo que va del año, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Solo en marzo, se identificaron 23 conflictos nuevos, llegando a un total de 238. El 49% de estos corresponden a conflictos socio-ambientales, casi todos relacionados con las industrias extractivas (71% con la minería y 7% con la extracción de hidrocarburos). Dentro de este alto número de conflictos, destacaron la movilización de las comunidades amazónicas y la huelga de los trabajadores de Doe Run.
El 9 de abril estalló en la selva una huelga general de los pueblos indígenas de la Amazonía, con el liderazgo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus bases regionales, como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian). El motivo de la protesta es exigir que el Congreso derogue los decretos de ley aprobados del gobierno de Alan García en el periodo posterior a la firma del TLC con Estados Unidos. Estos decretos fueron aprobados sin consulta alguna y vulneran los derechos de los pueblos indígenas y la integridad de su territorio para abrir paso a la exploración y explotación forestal, agroindustrial y de hidrocarburos.
En agosto del 2008, los pueblos de la Amazonía realizaron una movilización nacional que logró la derogatoria del los decretos-ley 1015 y 1073 que disminuían los requerimientos de asistencia a las asambleas en las que las comunidades nativas deciden sobre la venta de tierras. Sin embargo, aun se mantienen vigentes otros 12 decretos que los indígenas amazónicos cuestionan, como el D.L 1090 que excluye a los bosques deforestados del patrimonio nacional forestal y permite que se les considere como tierras agrarias, haciendo posible su venta. Siete meses después, el Estado no había tomado ninguna acción para responder a estos reclamos de los pueblos indígenas amazónicos, por lo que ellos decidieron movilizarse nuevamente.
Durante el mes de abril se reportó la toma de un lote petrolero operado por Pluspetrol, la toma de un aeródromo local en el área de los pueblos Asháninkas y bloqueos de los ríos Tambo, Urubamba y Napo. Frente a esto, la Marina de Guerra intervino destruyendo la barrera en el río Napo establecida por nativos kichuas y arabelas para permitir el paso de botes de la petrolera Perenco. Además, el 16 de abril, en pleno desarrollo de la protesta, se otorgaron 10 concesiones petroleras más en la selva. Luego de esto y dada la negativa del gobierno central de establecer un diálogo, a fines del mes de abril, el presidente de Aidesep Alberto Pizango, afirmó que se radicalizarían las protestas y también se recurriría a las empresas petroleras y gasíferas en búsqueda de apoyo para presionar al gobierno en contra de los mencionados decretos.
Por el lado de la minería, surgió un conflicto entre la empresa Doe Run, propiedad del grupo Renco, debido a la paralización de la mayor parte de sus operaciones, generando la suspensión temporal del 75% de sus 3,500 trabajadores. Ellos iniciaron una huelga el martes 21 de abril bloqueando las vías de comunicación y paralizando las actividades en La Oroya. Su exigencia es que se solucione el problema de la pérdida de un crédito de 175 millones para la compra de minerales para refinar. El mes pasado la empresa recurrió al gobierno peruano para que le de este dinero, pero esto no fue necesario dado que un conjunto de empresas privadas ofreció proporcionarle el crédito. Sin embargo, a la fecha no se ha avanzado nada, optando por detener las operaciones. La solución de este conflicto es aún incierta ya que depende de una empresa que ha buscado que el Estado u otras empresas solucionen su problema, sin tomar acciones internas, como un aporte adicional de sus accionistas o el uso de las ingentes ganancias que—al parecer—ha estado repatriando ilegalmente a costa de su propia solvencia financiera y del cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
El aumento de los conflictos relacionados a las industrias extractivas en el Perú requiere la atención urgente del Estado antes de que se genere un mayor nivel de violencia como resultado de la falta de atención, diálogo y de poner los intereses de las empresas extractivas antes que los de la población.
Sources: El Mercurio, El Universal, El Comercio (Peru), ElDeber.com.bo, El País, La Razón, La Republica.com.co (Columbia),, La República (Peru)
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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