ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
21 de Marzo – 6 de Abril, 2009 |
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Los países Latinoamericanos desarrollan distintas estrategias frente a los impactos de la actividad extractiva en sus territorios.
El desarrollo de las industrias extractivas en distintos territorios de América Latina ha tenido diferentes impactos ambientales y sociales, afectando recursos la tierra, el agua y el aire, y afectando a las sociedades locales. Por su parte, los diversos países en los que se desarrollan estas actividades extractivas vienen respondiendo de maneras muy distintas a estos impactos.
Algunos ejemplos. En Colombia se enfatiza la prevención, fortaleciendo la legislación ambiental y el seguimiento de las actividades extractivas a través del Instituto de Geología y Minería (Ingeominas) mientras que en el Perú se paga el precio de la indiferencia, al tenerse ahora que trasladar íntegramente la ciudad de Cerro de Pasco para alejarla del tajo abierto que se literalmente se la ha venido tragando en las últimas décadas. En Bolivia, la Corporación Minera Boliviana ha pagado a los propietarios de las tierras afectadas por las actividades de Jindal Steel en el Mutún. Sin embargo, ninguna de estas soluciones estuvo libre de problemas.
En Colombia, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) está encargado del control de la Ley 685, aprobada en el 2001, que establece los lineamientos para obtener los permisos para la exploración y explotación de minerales. Representantes de esta entidad afirmaron que se había fortalecido el cumplimiento y supervisión de los estudios realizados para determinar la existencia de minerales, así como la entrega de derechos de explotación. Sin embargo, el ex jefe de la cartera de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, criticó que se había permitido explotación minera en parques y páramos naturales. En efecto, existen a la fecha 17 títulos mineros en zonas de reservas. Frente a esto, se argumentó que los títulos se habían otorgado entre el 90 y 2003.
En el Perú, la empresa Volcan S.A extrae plata y cobre de tajo abierto en el departamento de Pasco, muy cerca a la capital. Esto ha generado contaminación del agua y lluvias ácidas, así como constantes ruidos y emisión de partículas por las explosiones en el tajo abierto. Peor aún, el tajo abierto ha ido creciendo en dirección a la ciudad y ha terminado por destruir barrios enteros. En respuesta, el gobierno decidió reubicar la ciudad de Cerro de Pasco para alejarla de la explotación minera y mejorar las condiciones de vida de su población, que son claramente inadecuadas. Con este objetivo se ha creado una comisión interinstitucional para elaborar los lineamientos, planes y estrategias de la reubicación. La construcción de la nueva ciudad comenzaría en un plazo de 5 años luego de que se hayan hecho los estudios de la viabilidad de este traslado y de la forma en que se puedan replicar las relaciones sociales ya establecidas en la capital.
Mientras tanto, la Corporación Minera de Bolivia acordó pagar un monto de US$ 2,5 millones a los propietarios de 5,250 hectáreas de tierras que serían afectadas por la explotación de hierro en el Mutún por la compañía india Jindal Steel. Sin embargo, la demora del Estado de entregar el dinero a los propietarios afectados por la concesión hizo que se postergara la entrega del plan de inversiones de Jindal y las negociaciones acerca de la contratación de mano de obra y de empresas locales.
Las políticas elegidas para mitigar los impactos ambientales y sociales de las industrias extractivas en América Latina han sido muy distintas entre países. Mientras Colombia optó por el fortalecimiento de la supervisión de la legislación, en Perú se ha pasado de la indiferencia frente al problema a la solución drástica—a costa del estado—de sacar a la población del área de influencia de las operaciones. Sin embargo, se debe continuar evaluando la efectividad de estas políticas para reducir los efectos negativos y generar nuevas opciones si estas no son viables en la realidad de los países.
Luego de caer en picada, los precios de algunos minerales e hidrocarburos se recuperaron en las semanas recientes.
Los precios del petróleo, así como los de los minerales que habían caído en los meses previos, se recuperaron llegando a sus niveles más altos desde fines del 2008. Esto generó expectativas de mejores resultados para las empresas del sector extractivo latinoamericano, pero numerosos analistas afirmaron que esta recuperación sería solo temporal.
Las recuperaciones más significativas fueron las del cobre y del petróleo, dos materias primas claves para países latinoamericanos como Chile, Perú, Venezuela y Ecuador. El cobre subió más de 4% el 3 de abril hasta llegar a US$ 1,86 por libra. Si se compara este precio con el nivel de diciembre del 2008, el incremento acumulado del precio de este metal está por encima del 40%. Sin embargo, aún está por debajo del nivel del primer trimestre del 2007 de US$ 2,24 la libra.
Mientras tanto, los precios internacionales del petróleo se acercaron a los US$ 54, un aumento de 54% si se compara con los US$ 35 por barril que se registró en diciembre del 2008. Esta recuperación fue incluso más positiva para el petróleo producido en Ecuador dado que además del efecto de los precios internacionales, se redujo el castigo por la menor calidad del crudo ecuatoriano de US$ 17,2 en diciembre a US$ 5,48 en abril. Por lo tanto, el precio de exportación del petróleo ecuatoriano llegó hasta US$ 48,5.
Las razones de esta recuperación son diversas y tienen distintas implicancias sobre la duración de la misma. En Chile, Diego Hernández, representante de BHP Billiton, afirmó que el incremento del precio del cobre era solo resultado de la salida de los vendedores de chatarra del mercado cuprífero, por lo que el precio volvería a caer en el futuro cercano. En contraste, José Pablo Arellano, presidente de la minera estatal Codelco, señaló que esto se debería a una recuperación de la demanda que sugería "el regreso a mayores alzas de la cotización". Una explicación adicional del incremento del precio internacional del cobre se basó en la disminución de los stocks del metal debido a la entrega de materiales ya cancelados. Finalmente, Juan Pablo Córdova, analista del Banco Central de Reserva del Perú afirmó que las principales razones detrás del incremento eran las compras del Gobierno Chino y el optimismo del mercado. Nuevamente, estas explicaciones apuntan a una recuperación temporal.
En cuanto al precio del petróleo, el Ministro de Minas y Petróleos de Ecuador, Derlis Palacios, sostuvo que la recuperación se debe a un ajuste del mercado petrolero al nivel de demanda actual del crudo. Palacios consideró que los precios habían caído en exceso a fines del 2008 por el pánico y la sobreoferta de petróleo, pero ahora se estabilizaría alrededor de US$ 55 por barril.
La persistente volatilidad de los precios de los commodities entre fines del 2008 y los primeros meses del 2009 y la multiplicidad de explicaciones acerca de estos cambios genera incertidumbre para las empresas del sector y los estados latinoamericanos que reciben renta de estas actividades.
Las iniciativas de nacionalización de las empresas del sector extractivo encuentran obstáculos y no llegan a concretarse.
En Venezuela y Ecuador, los procesos para nacionalizar las empresas extractivas operadas por Techint y Perenco, respectivamente, enfrentaron problemas en las semanas recientes generando conflictos entre los Estados y estas empresas privadas. En el caso de Ecuador, la francesa Perenco acudió a tribunales internacionales, mientras que en Venezuela, el avance de la negociación con Techint es aún incierto.
En Venezuela, a fines del 2008 el presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar la empresa siderúrgica del Orinoco (Sidor), operada por la empresa Argentina Techint. El Ministro de Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez Araque, declaró el 24 de marzo que el Estado había llegado a un acuerdo con la empresa y ya se había iniciado el pago de la indemnización acordada. Sin embargo, representantes de la empresa sostuvieron que tal acuerdo no existía, y que tampoco se había registrado ningún pago. La falta de información acerca del monto acordado de indemnización, además de que Techint aun no ha informado a la Bolsa de Nueva York sobre este supuesto pago, respalda la afirmación de que aun no se ha concretado la nacionalización.
Esta información contradictoria acerca del progreso de la nacionalización de la principal empresa siderúrgica de Venezuela apareció luego de tres meses sin avances, a pesar de que a fines del año pasado ya se habían definido los principales puntos del acuerdo entre la empresa y el Estado. Incluso habían surgido especulaciones acerca del precio acordado por las acciones de Techint, que se encontraría entre US$ 1,650 y US$ 1,900 millones.
Mientras tanto, el gobierno del Ecuador continuó reteniendo el 70% de la producción de la petrolera francesa Perenco luego del embargo llevado a cabo el 4 de marzo por una deuda de US$ 338 millones por pagos adeudados sobre las ganancias extraordinarias. Esta medida se tomó a pocas semanas de que se iniciaran las audiencias orales en Paris por la demanda que realizó Perenco contra el Estado Ecuatoriano, junto con la estadounidense OXY, para evitar estos pagos por sobreganancias. Esta disputa ha obstaculizado el avance de la renegociación del contrato con esta empresa para pasar de un sistema de concesión a un contrato de servicios.
Estos casos muestran que las iniciativas de algunos Estados Latinoamericanos de obtener mayores rentas de las industrias extractivas, a través de la nacionalización de empresas del sector y renegociación de los contratos, aun no han terminado de concretarse. Permanece por lo tanto la incertidumbre acerca de estos procesos ante la falta de acuerdos en Venezuela y la intervención de tribunales internacionales en Ecuador.
Sources: El Mercurio, El Universal, Perú 21, AméricaEconomía, Clarín.com, El Comercio (Peru), Elcomercio.com (Ecuador), ElDeber.com.bo, El Universal, La República (Peru), latercera.com, Folha Online
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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