ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
6 – 20 de marzo, 2009 |
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La petrolera colombiana Ecopetrol continúa con su ambicioso plan de inversión y muestra resultados sobresalientes.
La petrolera colombiana Ecopetrol continúa con su ambicioso plan de inversión y muestra resultados sobresalientes.
La petrolera estatal colombiana Ecopetrol logró un incremento de sus utilidades de 125% en el 2008 respecto al año anterior, a pesar de la gran caída de los precios internacionales de los hidrocarburos. Además, las noticias sobre sus adquisiciones de nuevos proyectos de exploración, explotación y transporte, tanto en Colombia, como en fuera del país, han continuado en las últimas semanas. Esto contrasta con los numerosos anuncios de postergación de proyectos de gran escala en toda América Latina y con la caída de las ganancias de la mayoría de empresas del sector extractivo.
El 9 de marzo se anunció que Ecopetrol repartiría US$8,9 billones en dividendos, un aumento de 91,3% respecto al año anterior, mientras que el resto de empresas reducían el reparto alrededor de 40% o lo eliminaban completamente. Asimismo, hubo varios anuncios de inversiones de Ecopetrol al exterior de Colombia. Por ejemplo, la empresa se unió con Petrobras para explotar dos lotes petroleros en el Perú, uno con 50% de participación y el otro con 25%. Además, adquirió la empresa estadounidense PetroTech por US$900 millones junto con la estatal coreana KNOC y ganó 26 lotes petroleros en el Golfo de México con una oferta acumulada de US$20,5 millones.
Por otro lado, dentro de Colombia, Ecopetrol aseguró su participación en la exploración y el transporte de hidrocarburos. En primer lugar, compró las acciones de la empresa canadiense Embrigde Inc., la cual tenía el 24,7% de la propiedad del Oleoducto Central (Ocensa), por US$ 417,8 millones, sumando 60% de participación en este oleoducto. En segundo lugar, adquirió la empresa Hocol, propiedad de Maurel & Prom, por US$ 580 millones, para tener el control de bloques exploratorios y participaciones los oleoductos Alto Magdalena y Colombia.
Uno de los factores que ha estado detrás de las enormes ganancias registradas por Ecopetrol fue el incremento de la producción en el departamento del Meta, pasando de 30,000 a 96,000 barriles diarios en el 2008. Esto sostuvo las ganancias a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Además, el presidente de Ecopetrol, Javier Rodríguez, afirmó que sus planes de inversión consideran precios entre US$30 y US$40 el barril, similares a los precios del mercado actual, por lo que sus inversiones planeadas no estarían en riesgo. "Las compañías establecen sus presupuestos sobre valores en cotizaciones muy inferiores. Por lo tanto, no es tan inmediata, ni tan evidente esta variación del precio en las compañías."
Asimismo, Gutiérrez señaló que la empresa estaría dispuesta a recurrir a distintas fuentes de financiamiento con el objetivo de mantener su plan de inversiones de US$ 6,224 millones para el 2009. Es decir, la empresa estaría apostando por un aumento en la producción y la participación en el transporte del combustible para mantener sus ganancias.
La continuidad del crecimiento de las ganancias de Ecopetrol y el impresionante incremento de sus inversiones en el país y en el exterior podrían estar amenazadas si la crisis internacional se agrava causando una mayor caída de los precios o una restricción del crédito. Sin embargo, los buenos resultados hasta el momento, cuando la crisis ya ha golpeado fuertemente a otras empresas del sector, podría ser un indicador de que Ecopetrol podría mantener un desempeño por encima del promedio en este año.
El gobierno ecuatoriano le retira la personería jurídica a Acción Ecológica.
El gobierno ecuatoriano anunció el 2 de marzo que retiraba la personería jurídica de la organización ambientalista Acción Ecológica, medida ejecutada por el Ministerio de Salud, en el cual la organización estaba inscrita. El argumento de los representantes del Estado fue que la organización había "incumplido los fines para los que fue creada", es decir, que no se dedicaba a temas de salud. AE aclaró que se registró en el Ministerio de Salud cuando aún no existía el Ministerio del Medio Ambiente y que, además, sus acciones en el terreno ambiental siempre tenían que ver con la salud de las personas.
Sin embargo, mas allá de las formalidades, la abierta oposición de esta organización frente a las políticas del gobierno en el sector minero, unida a lo repentino de la acción, generó desconfianza y sospecha de que se trataba de un acto de censura.
Los representantes de Acción Ecológica señalaron que se tenía la personalidad jurídica desde 1989 y desde entonces los objetivos han sido los mismos y se han realizado la mismas prácticas. Por lo tanto, ellos consideran que el retiro del permiso ha sido realizado de manera "ilegal e ilegítima". Además, no se les dio la oportunidad de responder ante las supuestas irregularidades.
Esta acción se ha llevado a cabo en medio de un enfrentamiento con el Estado ecuatoriano. En efecto, el Congreso ha aprobado recientemente la nueva Ley Minera, y Acción Ecológica ha denunciado esta ley por los riesgos ambientales que causaría y porque favorecía la inversión extranjera privada. Esperanza Martínez, una de las fundadoras de la organización señaló: "es claro que ha habido una serie de descalificaciones y contradicciones por temas ambientales con relación a algunos proyectos que nosotros hemos criticado como la intención de declarar a Ecuador un país con minería a cielo abierto". El ex–presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, mencionó que, curiosamente, esta organización había estado muy cerca al gobierno de Correa, antes al proceso de aprobación de la Ley Minera.
La Ministra de Salud, Caroline Chang, aseguró que el Ministerio del Medio Ambiente le devolvería a la organización su personería: "No existe ningún interés en perjudicar a ninguna organización y mucho menos a Acción Ecológica. Por eso todos los antecedentes como ONG ya han sido enviados al Ministerio del Ambiente y ese ministerio le otorgará la personería". Pero hasta el momento, no se ha anunciado ningún avance en este sentido. Por lo tanto, Latinoamérica se mantendrá atenta al desarrollo de este caso y a la actuación del gobierno frente a otras organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno peruano evalúa ayudar a Doe Run ante su insolvencia, a pesar de su persistente incumplimiento de su Programa de Adecuación Medio Ambiental.
La empresa minera Doe Run opera desde el 1997 en el Perú, en la provincia de La Oroya del departamento de Junín, dedicada a la fundición y refinería de minerales. A pesar del periodo de elevados precios internacionales de los minerales en el 2008, la empresa recientemente afirmó que se encontraba en una situación de crisis y a punto de cerrar sus operaciones, situación generada por la caída de los precios internacionales y agravada porque un consorcio de bancos le retiró un crédito revolvente de US$ 75 millones para sus compras de concentrados de zinc, cobre y plomo para fundidos en el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Según representantes de la empresa, esta tendría también una deuda de US$ 100 millones con las mineras que la proveen de concentrados.
El cierre de Doe Run significaría el despido de más de 3,500 empleados, motivo por el cual el Estado anunció que estaba considerando intervenir para rescatarla. Esta decisión causó indignación en el país dado que se utilizarían recursos de los contribuyentes para proteger a una empresa privada que, además, ha causado un enorme daño ambiental, el cual aun no corrige. En efecto, Doe Run aun no cumple con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual vencía inicialmente en el 2006 y para el cual recibió una prórroga de 39 meses. Mientras tanto, sus emisiones de gases han generado niveles altísimos de plomo en la sangre de los pobladores de La Oroya, considerada como uno de los 10 lugares más contaminados del mundo por el Blacksmith Institute.
Frente a esta situación, la reacción inicial del gobierno peruano ha sido la de ir al rescate de Doe Run. Lo planteado fue entregarle un crédito a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
El anuncio de este posible recate sacó a la luz diversos temas. El primero es que el Estado peruano ofreció ayudar financiera a una empresa privada sin evaluar los motivos por los cuales los bancos le retiraron el préstamo. Es decir, dejó en claro que no le interesaba si la empresa había realizado manejos equivocados o irresponsables de sus recursos. El segundo es que no se le exigió en ningún momento de la discusión que publique para todo el país sus estados financieros con el objetivo de corroborar su supuesta situación crítica. Doe Run, al no cotizar en bolsa, no está obligada a presentar sus estados financieros y, a pesar de que estaba solicitando la ayuda del país, el gobierno continuó protegiendo su secreto financiero.
Además, surgía la pregunta: ¿por qué el gobierno peruano no compra la empresa en lugar de darle dinero directamente? Otra opción sería realizar una asociación público-privada. Sin embargo, estas alternativas no se consideraron y por dos semanas se discutió la posibilidad de entregarle a Doe Run un préstamo por US$ 175 millones.
Finalmente, el gobierno no concretó el rescate debido a que un grupo de 15 empresas mineras privadas que trabajan con Doe Run para la refinación y fundición de sus metales, ofreció prestarle el dinero necesario. Aun así, representantes del gobierno afirmaron que le darían 3 meses adicionales al plazo para que cumpla con los requisitos ambientales, aunque estos ya habían sido prorrogados por más de 3 años. En suma, la solución a la crisis financiera se dio en el ámbito privado, pero a costa de postergar, una vez más, el plazo de cumplimiento del PAMA. Lamentablemente, en este caso con las finanzas en orden, la salud pública deja ser importante.
Sources: La Republica.com.co, Folha Online, El País, El Comercio (Peru), El Mercurio, Acción Ecológica, Elcomercio.com (Ecuador), Hoy.com.ec, El Tiempo, La República (Peru)
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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