ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya
23 de febrero al 9 de marzo, 2010 |
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Argentina y Bolivia modifican contrato de abastecimiento de gas.
Los representantes de los gobiernos de Argentina y Bolivia, Julio de Vido (Ministro de Planificación Federal argentino) y Álvaro García (VicePresidente boliviano), se reunieron a finales de febrero pasado para definir los puntos de la adenda que modifica el contrato suscrito en el 2006 entre las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB) y Energía Argentina S.A (Enarsa).
La modificación del contrato entre ambas estatales—cuya negociación se inició hace ya 8 meses—tiene como objetivo incrementar de manera gradual las exportaciones de gas de Bolivia a Argentina. El contrato hasta ahora vigente establecía un volumen de 7,7 millones de metros cúbicos diarios (Mmcpd), aunque las exportaciones efectivas han estado constantemente por debajo de este volumen por la caída de la demanda Argentina. Por ejemplo, en enero del 2009, las exportaciones de gas a Argentina fueron solo 2.7 Mmcpd y subieron a 5.5 Mmcpd en marzo del mismo año.
Como resultado de la modificación al acuerdo, el volumen de exportación se ajustaría a 5 Mmcpd en el 2010, cantidad que aumentará de manera gradual a 7,7 Mmcpd en 2011, 11 Mmcpd en 2015, 20 Mmcpd en 2017, 23 Mmcpd en 2019, 25 Mmcpd 2021 y 27,7 Mmcpd en el año 2026.
Como se recordará, las ventas de gas por Bolivia a la Argentina han fluctuado considerablemente, pues los volúmenes y precios establecidos en el contrato del 2006 no se han cumplido con rigurosidad. La inseguridad causada por estas fluctuaciones ha tenido impactos importantes en las decisiones tomadas por ambos países, como el inicio de proyectos de infraestructura o la asignación del gas a otros mercados.
Por ejemplo, Argentina había proyectado la construcción del gaseoducto llamado "Integración" a inicios de este año para abastecer al noroeste de ese país con gas de Bolivia. Sin embargo debido a la poca certeza en la provisión de los volúmenes de gas boliviano, esta obra se ha dejado pendiente. Por la misma razón, la empresa estatal argentina Enarsa ha tenido que contratar 14 buques de gas natural licuado (GLN) para abastecer el consumo interno de gas proyectado para los años 2010 y 2011.
Pero los problemas no han estado solo en el lado de la oferta. Argentina también ha estado variando su nivel de demanda de acuerdo a las estaciones y también bajó significativamente la cantidad de gas importado de Bolivia cuando su economía experimentó una desaceleración durante el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009.
En respuesta a esta situación, ambos países han buscado llegar a un nuevo acuerdo que garantice tanto la venta así como el pago de los volúmenes de gas acordados. Como parte de este esfuerzo, se ha previsto también una reunión entre las comisiones técnicas de ambas empresas estatales establecer las garantías de envío y pago en el contrato, es decir el "take or pay" (toma o paga) y el "deliver or pay" (entrega o paga).
La firma de la adenda al contrato entre los mandatarios de Argentina y Bolivia, Evo Morales y Christina de Kirchner, está prevista para finales de marzo, luego de que el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, y Exequiel Espinoza, presidente de Enarsa, aprueben las modificaciones y especificaciones técnicas que se establezcan en la adenda.
De concretarse el acuerdo, el gobierno boliviano espera percibir ingresos por la venta de gas que alcancen los 20 mil millones de dólares en el periodo 2010-2026. Además, la firma de este contrato le permite a Bolivia asegurar el mercado argentino para su gas ante la posibilidad de que Chile intente vender a Argentina gas de su nueva planta de regasificación GNL Quintero.
Consecuencias del terremoto en Chile sobre el sector minero y energético.
El terremoto de 8.8 grados en la escala de Ritcher que el pasado 27 de febrero azotó principalmente la ciudad de Concepción, capital de la VIII Región (Biobío), ubicada al sur de Santiago y que causó la pérdida de cientos de vidas humanas y destruyó más de un millón de hogares, también tuvo consecuencias sobre diversos sectores de la economía chilena, y por supuesto al sector minero y al energético en esta región y en otras cercanas. En respuesta, la minera estatal Codelco y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) tomaron una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias de este desastre natural.
Así por ejemplo, Codelco tuvo que suspender sus actividades en las minas de mayor producción de cobre, El Teniente y Andina, ubicadas en la VI y V Región (O’Higgins y Valparaíso) y que producen 400,000 y 210,000 toneladas de cobre al año respectivamente, debido principalmente a problemas de generación y distribución de energía eléctrica. Así mismo, las labores en el puerto de San Antonio, ubicado en la V región y por el cual Chile exporta el cobre, también se paralizaron. No obstante otras instalaciones mineras como las de Barrick Gold, Teck y Freeport, por ejemplo, no se vieron afectadas.
Como consecuencia de esta situación, los medios de comunicación informaban sobre una sensación de incertidumbre respecto a los suministros de cobre en el mercado internacional, lo que podría incrementar el precio de este mineral entre 3 y 4%, pues Chile produce alrededor de un tercio de la oferta de cobre mundial.
Sin embargo las autoridades de Codelco sostuvieron que las exportaciones de cobre no se alterarían puesto que contaban con las reservas necesarias y que permanecían en el nivel en el que se encontraban antes del terremoto, y además, porque contaban con otros puertos por donde se exporta el cobre como los de Mejillones y Antofagasta, ubicados al norte de Chile, que permanecerían activos.
Por otro lado, la principal refinería de combustible de este país, ubicada en la región de Bíobío también se vio obligada a detener sus actividades debido a que sufrió daños y requería tiempo para llevar a cabo la reparación de sus instalaciones. Sin embargo las autoridades de ENAP descartaron que se llegue a producir un desabastecimiento de combustible, aunque –al parecer previendo posibles problemas—los representantes de la estatal señalaron que para los próximos días se había previsto la importación de hidrocarburos para responder a los cortes de energía que afectaban al sector doméstico y minero principalmente.
En efecto, una de las principales preocupaciones de las mineras era contar con energía ante el daño que sufrió la refinería de ENAP y porque el terminal del gas natural licuado (GNL) Quintero, dejó de recibir buques abastecedores durante algunas horas. En el caso del uso doméstico y para transporte, las autoridades de ENAP señalaron que se disponía de las reservas de diesel y bencina necesarias para abastecer a las estaciones de servicio ubicadas entre las regiones afectadas de Valparaíso y La Araucanía, las cuales—cerca del 76%- operarían con normalidad. No obstante en otras zonas afectadas, las estaciones de servicio habían sido víctimas no sólo del sismo, sino también de saqueos y actos de vandalismo.
Se puede observar pues que, a pesar de haber sufrido uno de los desastres naturales de mayor magnitud en los últimos años, los sectores mineros y energéticos chilenos no se han visto afectados de manera importante, salvo una temporal preocupación por el abastecimiento energético destinado a las actividades mineras, así como para transporte y uso domestico.
Las tendencias de la producción de petróleo en Colombia y Venezuela.
Colombia atraviesa actualmente por un momento expectante en la producción de petróleo, así como en la exploración de nuevos pozos y la exportación de combustibles. En efecto, el Ministerio de Minas y Energía de ese país señala que las reservas de crudo se han incrementado en 32.5% en los últimos cuatro años, lo que significa un incremento de 491 millones de barriles en comparación con el 2006, año en el que contaba con 1,509 millones de barriles. Además, hoy Colombia produce 742,000 barriles de petróleo por día y para finales del 2010 espera lograr una producción de 788,000 barriles.
En cuanto a la exploración de pozos, la asignación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos se ha incrementado en un 273% en el mismo periodo de tiempo. Para fines del 2010, el total de bloques ofrecido representará alrededor de 52 millones de hectáreas concedidas. Así mismo, las exportaciones colombianas de crudo alcanzaron los US$10,268 millones en el 2009.
Esta evolución del sector se ha traducido en una mayor participación petrolera en el Producto Interno Bruto del país, el cual alcanzó el año pasado un 3,20%, mientras que en el año 2006 era del 1,78%.
La realidad de Venezuela difiere totalmente de la colombiana, pues la producción de petróleo continúa cayendo, sin recuperación a la vista. No solo la crisis económica mundial, la caída de los precios del petróleo y los recortes de producción de la OPEP parecen estar afectando la capacidad productora de este país, sino también la falta de inversión en el sector. A la poca productividad de las empresas estatizadas se suman los cortes de energía debido al desabastecimiento energético a causa de las sequias, lo que a su vez repercute negativamente sobre las exportaciones petroleras. En efecto, ante la disminución de los embalses de agua que abastecen la represa de El Guri, el gobierno venezolano ha optado por incrementar el consumo interno de combustible para abastecer a las plantas térmicas y así incrementar su capacidad para generar energía sin depender de sus principales centrales hidroeléctricas. Pero, claro, eso significa menores exportaciones y menores ingresos fiscales para el país.
En este contexto, el gobierno colombiano exige al gobierno venezolano cumplir con el acuerdo que suscribieron ambos países en mayo del 2007, por el cual Venezuela le tiene que exportar alrededor de 137 millones de pies cúbicos diarios de gas a Colombia a partir del 2012, para potencializar sus gaseoductos.
Este acuerdo establecía también que desde el 2007, Colombia entregaba a Venezuela 450 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) de gas por 4 años. Colombia ha venido haciendo esto, pero solo ha llegado a enviar 300 Mmpcd alegando que los envíos programados disminuyeron debido a la necesidad de atender a la demanda interna de generadores termoeléctricos porque ese país también está afectado por la menor disponibilidad de energía hidroeléctrica como consecuencia del fenómeno de El Niño.
Pero ahora que le tocaría a Venezuela exportar a Colombia, el gobierno venezolano señala que no aseguran que puedan cumplir el acuerdo exactamente por las mismas razones por las que Colombia incumplió su parte del acuerdo: necesitan el gas para abastecer las plantas de generación de electricidad venezolanas ante la escasez de energía hidráulica.
Por ahora ambos países evalúan sus estrategias en el sector energético. De un lado Venezuela espera que las inversiones en la Faja petrolera del Orinoco (bloques de Carabobo y Junín) aumenten la producción de petróleo y además viene negociando con China—que cada vez requiere de mayores cantidades de crudo—un acuerdo para intercambiar financiamiento por petróleo. De otro, Colombia espera que los descubrimientos en el campo La Creciente (uno de los diez descubrimientos de gas más importantes en el mundo en el 2006) ubicado en la región Sucre y el potencial de los Llanos Orientales ubicados en la Orinoquía le permitan incrementar su producción para no tener que depender del abastecimiento desde Venezuela o la importación de gas desde Trinidad y Tobago.
Como podemos observar, los diversos problemas climáticos han generado crisis energéticas en ambos países debido al desabastecimiento de sus principales centrales hidroeléctricas por la ausencia de lluvias, con impactos negativos en el sector petrolero y gasífero. Efectivamente, estas fuentes de energía fueron utilizadas como insumo para las centrales termoeléctricas, lo que significó una mayor demanda interna, tanto en Venezuela como en Colombia. En perspectiva, en un contexto de cambio climático en el que es posible que continúe la escasez de agua, la producción de electricidad a través de centrales termoeléctricas puede terminar siendo la opción más viable para ambos países. Y mientras que no se confirmen los descubrimientos de gas y se exploten los nuevos campos, los países tendrán que ajustar sus montos de exportación para poder asignar una mayor cantidad de petróleo y gas a la generación de electricidad.
Sources: La Razón, Eldeberdigital.com, Clarin.com, El Comercio (Peru), The New York Times, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The Guardian, El Mercurio, Business Week, La República (Peru), La República (Colombia), El Universal, El País
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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