ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya
20 de enero - 3 de febrero, 2010 |
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Nuevos capitales podrían ser incorporados a Codelco, en Chile.
El recientemente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que la minera estatal Codelco necesita un nuevo impulso debido a que con una producción anual de 1.5 millones de toneladas de cobre, la principal minera estatal de ese país ha perdido competitividad frente a las mineras privadas, pese a que entre 2006 y 2009 aportó al fisco alrededor de US$ 25 mil millones.
Piñera—que es vinculado al sector empresarial y fue candidato por la Coalición por el Cambio de tendencia conservadora—responsabilizó a la actual administración de Codelco de los decrecientes niveles de productividad, y remarcando la necesidad de incorporar nuevos capitales a la estatal de cobre con la finalidad de mejorar su competitividad.
En ese sentido, Piñera ha señalado que los recursos que serán incorporados a Codelco provendrán del propio Estado, de la retención de utilidades y de una modificación del 10% de los ingresos brutos que se descuenta para el financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. De esta manera Piñera aseguró que el financiamiento será de largo plazo y con base en el presupuesto nacional. No obstante al referirse a las limitaciones de la administración de Codelco, Piñera también mencionó que se requieren soluciones privadas para los problemas públicos, sugiriendo la incorporación de capitales privados en este tipo de actividades estratégicas mediante una apertura del 20% de la propiedad de Codelco.
Es importante señalar que no es la primera vez que Codelco recibe recursos por concepto de capitalización, al menos por parte del Estado. Ya en el 2009 la estatal recibió US$1.000 millones, cifra similar a la que hoy se estaría negociando, monto que estuvo relacionado con la reforma de su gobierno corporativo. Esta vez además de superar el tema administrativo, el objetivo de la incorporación de capitales es mejorar la actividad de la minera en términos de tecnología y productividad, explorar más yacimientos e intensificar la explotación en los ya descubiertos, así como aumentar el número de asociaciones estratégicas y mejorar la política ambiental de Codelco.
En esta oportunidad, y como era de esperarse, varios sectores reaccionaron oponiéndose a estas propuestas. En primer lugar, se pronunciaron contra esta posibilidad los dirigentes sindicales de la minera, quienes expresaron su oposición a la posibilidad de que se privatice una parte de la propiedad de la Codelco, consideraron la posibilidad de tomar medidas de movilización si fuera necesario. En segundo lugar, el todavía Ministro de Minería, Santiago Gonzales, señaló que la actual situación de la minera no se resolverá incorporando capital privado, remarcando que—en su opinión—Codelco es y debería ser siempre 100% estatal. Así mismo, el presidente ejecutivo de Codelco, Jose Pablo Arellano, también rechazó el plan para incorporar capital privado a la minera e indicó que para aumentar el nivel de producción se ha elaborado un plan de inversión de US$2.000 millones, y que actualmente se han previsto otros proyectos de inversión destinados a modernizar la compañía.
Frente a estas reacciones, Piñera remarcó que cualquier cambio en la composición de capitales de Coldeco requerirá una reforma constitucional y por lo tanto la decisión final deberá ser consensuada en el Congreso y producto de un diálogo con representantes de la sociedad civil chilena.
En este contexto, el recientemente nombrado directorio de Codelco empezó sus actividades en Marzo, y se podría pensar que este sería el momento adecuado para que Piñera busque poner en marcha su proyecto. Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, nombró a los nuevos directores de la minera y al Presidente de la Mesa Directiva, no sin antes establecer un consenso previo con Piñera, con el objetivo de no causar inestabilidad en Codelco. Cabe mencionar, que si bien los demás miembros del directorio son elegidos por el Ejecutivo, cuatro son candidatos independientes propuestos por el Consejo de la Alta Dirección Pública y otros dos son representantes de los trabajadores.
El panorama para los planes de Piñera se presenta aún incierto. Piñera ya anunció la orientación de su política frente a Codelco, pero podría lidiar con una plana mayor de la estatal opuesta a sus propuestas.
Se prevén planes de inversión en la industria del litio en Bolivia, Chile y Argentina.
El Salar de Uyuni, una superficie de 10,000 kilometros cuadrados ubicados en el departamento de Potosí, al suroeste de Bolivia, y cuyas reservas de litio se estiman entre 18 y 20 millones de toneladas, lo que representa entre el 63.7% y 87.1% de las reservas mundiales de este recurso, se ha convertido en el centro de atención de varias transnacionales interesadas en su explotación.
En efecto, las últimas perforaciones que se han realizado en el salar—alrededor de 50—duplicaron los 9 millones de toneladas estimados inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). No obstante, estas perforaciones se realizaron a pocos de metros de profundidad (6 metros), por ello el representante de la dirección de Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Saúl Villegas, sostiene que si estas perforaciones se realizan a mayor profundidad, es decir entre 200 y 300 metros, las reservas de litio en esta zona podrían alcanzar los 100 millones de toneladas, tres veces más que la actual reserva mundial de litio, dato que todavía esperan confirmar.
El litio—empleado en el diseño de baterías de celulares y computadoras—se prevé que será utilizado como fuente de energía alternativa destinada principalmente a la industria automovilística ecológica, es decir como componente en el desarrollo de baterías para autos eléctricos e híbridos. Por ello no sólo las empresas mineras, sino también automotrices están interesadas en lograr acuerdos para explotar este recurso con países como Argentina, Chile, México y Bolivia.
Por ejemplo en Argentina, tercer productor mundial de litio con exportaciones que sobrepasan los 300 millones de pesos, el gobierno y la Toyota Motor Corporation en sociedad con la minera australiana Orocobre han cerrado un acuerdo público-privado por unos US$ 120 millones para extraer litio del Salar de Olaroz, ubicado en Jujuy. Mientras que en México, las 80 millones de toneladas que poseen un alto grado de concentración de litio y potasio halladas por la firma Pietro Sutti S.A. en el 2009 en la región salinera El Zancarrón, podrían ser explotadas por empresas españolas, canadienses o asiáticas, que ya han ofertado montos de inversión de más de US$ 3 millones sólo para proyectos de exploración.
Frente al reciente acuerdo firmado por el gobierno argentino con Toyota, en Chile—que posee 6,9 millones de toneladas de litio en la región de Atacama—los empresarios dedicados a la explotación del mineral, los especialistas del sector e inclusive los parlamentarios del gobierno chileno cuestionan el exceso de reglas que rige el actual marco normativo para la explotación de litio en ese país el cual no permite el ingreso de otros actores a la industria.
En efecto, sostienen que frente a los agresivos planes de inversión previstos en Argentina, México y ahora en Bolivia, la industria chilena podría quedar rezagada pese a tener una de las mayores y mejores reservas. Actualmente la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL Chemetall) son las únicas firmas que poseen permisos de explotación de acuerdo con la Ley 18.097 de Concesiones Mineras y el nuevo Código de Minería las cuales ratificaron que el litio no puede ser concesionado porque estaría destinado al uso de energía nuclear.
En tanto, conscientes de su valor, de su futura demanda y de la posibilidad de contar con una de las mayores reservas de litio en el mundo, el gobierno boliviano se toma su tiempo para evaluar las ofertas recibidas de compañías francesas, japonesas y surcoreanas que buscan obtener el derecho a extraer el litio del salar de Uyuni para enfrentar la competencia en el mercado internacional. Así mismo, también existe la posibilidad de que el Estado invierta sus propios recursos en la construcción de plantas procesadoras de litio o forme sociedades con otras empresas. No obstante, desde el 2008 el gobierno boliviano ha puesto en funcionamiento una planta piloto que produce carbonato de litio en Río Grande provincia de Nor Lípez, en Potosí, en la que se invirtió aproximadamente US$6 millones.
Si bien la explotación del litio abre una nueva posibilidad respecto al uso de energía "limpia" mediante el empleo de baterías para autos, aun no se calcula el impacto ambiental que traerá consigo la explotación a gran escala de este recurso que será llevada a cabo por las grandes compañías. Es decir, las economías desarrolladas estarían apostando por una fuente de energía no fósil que no generaría contaminación como consecuencia de su uso, pero que de todas maneras se basa en la extracción de recursos con los consecuentes impactos ambientales sobre los países productores.
Nuevos proyectos petroleros en la Faja del Orinoco en Venezuela.
La petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), con una deuda que alcanzó los US$21,400 millones a fines del 2009 y duramente golpeada por la caída de los precios del petróleo, vive un momento difícil. Sin embargo, durante las últimas semanas de enero se establecieron algunos acuerdos fundamentales para el sector petrolero de ese país, , que espera recuperarse a través de la ejecución de nuevos proyectos en la Faja del Orinoco.
En esta zona se ubica el bloque Junín 5, el cual será explotado por la Empresa Nacional de Hidrocarburos (ENI) de Italia mediante un acuerdo de cooperación energética con PDVSA por US$ 18 mil millones por el que se establece la creación de una empresa mixta de refinación, en la cual PDVSA tendrá 60% de participación y ENI 40%. El inicio de actividades se prevé para el año 2017, y de acuerdo a los cálculos realizados esta planta puede llegar a procesar 350 mil barriles de crudo diarios.
Así mismo, PDVSA y la rusa National Oil Consortium conformada por Lukoil Holdings y Gazprom OAO, establecieron un contrato según el cual invertirán US$10 mil millones en el bloque Junín 6, ubicado en la misma Faja, para producir 500 mil barriles por día. El contrato prevé, tal como en el caso anterior, la creación de una empresa mixta en la que PDVSA poseerá el 60% de las acciones y la NOC el 40%.
Por otro lado, el gobierno venezolano flexibilizó el esquema fiscal petrolero para licitar los tres proyectos que comprenden los bloques 1, 2 y 3 de Carabobo ubicados también en la Faja del Orinoco destinados a convertir el crudo extrapesado en crudo ligero para su exportación. Esta medida implica una reducción en las tasas de nacionalización del 2007 en las asociaciones estratégicas y la reducción de regalías de 30% a 20%, entre otras medidas que aun están sujetas a cambios y modificaciones y que entrarían en vigencia a partir del 2016.
Esta iniciativa fue bien recibida por las principales empresas petroleras y varios consorcios que optaron por participar en el proceso. En efecto, Venezuela recibió varias ofertas por estos proyectos los cuales prevén una producción de hasta 400 mil barriles diarios y para la cual se requerirá inversiones entre 10 mil y 20 mil millones de dólares. Entre los consorcios que enviaron su propuesta destacan el conformado por Repsol (España), ONGC (India) y Petronas (Malasia), y el constituido por Chevron, Suelopetrol y tres firmas japonesas, Mitsubishi, Jogmec e Inpex.
PDVSA todavía espera más financiamiento para continuar con otros proyectos en la Faja del Orinoco—como el proyecto Mariscal Sucre o el de Junín 10 estimados en US$8 y 25 mil millones, respectivamente. Para ello, el gobierno venezolano no sólo continua invitando a diversas empresas para que participen en procesos de licitación para ejecutarlos, sino que también viene sosteniendo una serie de negociaciones directas con los representantes de la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation con quienes ya desarrolla desde diciembre pasado el bloque Boyacá 3 ubicado en la zona de la Faja, junto a otras dos importantes estatales de ese país la China National Petroleum Corp. y China Petrochemical Corp.
Parece ser pues que el gobierno de Hugo Chávez está suavizando los términos de las negociaciones para asociarse con otras compañías petroleras estatales y privadas y concretar proyectos de inversión, para de esa manera revertir una situación de bajos niveles de ingresos provenientes de la extracción de petróleo, deudas con los acreedores, y crisis energética. Y parece ser también que—si bien algunas empresas privadas están respondiendo favorablemente a estas nuevas condiciones de negociación—la mayor parte de las empresas que han establecido contratos o presentado ofertas a PDVSA son empresas estatales petroleras de países como Rusia, India, Malasia y China, lo que revela que las compañías asiáticas interesadas en realizar actividades exploratorias en esta zona, han desarrollado la tecnología requerida para extraer el crudo pesado y cuentan con el capital necesario para invertir.
Sources: El Mercurio, Clarin.com, La Razón, Eldeberdigital.com, El Universal, The Wall Street Journal
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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