ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
20 de enero – 3 de febrero, 2009 |
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La nueva Constitución Política de Bolivia y su impacto sobre el Sector Extractivo
El 25 de enero se sometió a referéndum la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, la cual incluye nuevas definiciones respecto de las relaciones entre las empresas privadas en el sector extractivo y el Estado boliviano. En efecto, a diferencia de la legislación anterior, ahora se establece que las empresas privadas solo serían prestadoras de servicios, eliminándose las otras modalidades de contrato en las que las empresas retienen y comercializan la producción, dejando al estado una parte de ella. Además, las empresas no podrían acudir a tribunales internacionales ante conflictos con el país.
Las empresas privadas, así como las empresas estatales extranjeras, que operan en el sector petrolero de Bolivia expresaron su preocupación ante la nueva Constitución y anunciaron la paralización de sus inversiones. Por ejemplo, la empresa rusa Gazprom anunció que esperaría antes de definir su plan de inversiones hasta que se pudiera negociar la estabilidad jurídica para la empresa a través de una Sociedad Abierta Mixta con YPFB. De la misma manera, las empresas petroleras brasileras precisaron que tendrían que volver a negociar con el gobierno boliviano. Además, consideraron que el nuevo proyecto de Constitución tenía vacíos en lo concerniente a la aceptación de las comunidades de las concesiones petroleras.
Quizás buscando ofrecer algo de tranquilidad a las empresas, las autoridades del sector informaron que las empresas del sector minero tendrían un periodo de un año para renegociar sus contratos con el Estado. Mas aún, el Director de Minería, Freddy Beltrán, señaló que no se modificarían las concesiones que ya se habían otorgado a través del sistema anterior: «a nadie se le va desconocer que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas, todos siguen trabajando dentro de sus concesiones.»
Pese a estas palabras tranquilizadoras, ya desde los días anteriores a la aprobación de la Constitución, el ambiente era tenso entre el gobierno y las empresas pues justamente dos días antes de llevarse a cabo el referéndum, el gobierno boliviano nacionalizó la empresa petrolera El Chaco, que hasta ese momento era propiedad mayoritaria de la anglo-argentina Pan American Energy (PAE), incluyendo la toma militar de las instalaciones de la empresa. Esta acción se tomó dado que no se logró un acuerdo con la estatal YPFB en el marco del decreto de nacionalización, donde el Estado estaba planteando la operación mixta entre PAE y YPFB.
Para algunos analistas, esta toma de control, que implica la compra del 50% más una acción de la empresa por el estado, es arriesgada dado que la estatal no tiene la experiencia suficiente para llevar a cabo operaciones upstream, pues ha estado ausente de esta etapa desde 1997, y no cuenta tampoco con el capital suficiente para invertir.
Mientras tanto, en el Ecuador el gobierno se prepara a cortar el contrato con la compañía francesa Perezco, al haber fracasado la re-negociación del contrato vigente hacia uno de prestación de servicios. No queda claro si el Gobierno de Ecuador buscará asumir la explotación de los pozos de esta empresa o paralizar el proceso productivo. En ese mismo dilema se haya en relación a la italiana AGIP, cuya producción no parece ya ser rentable con los nuevos precios internacionales del petróleo.
La aprobación de la nueva Constitución en Bolivia genera, pues, un nuevo momento de incertidumbre en un largo proceso que se inicia con la renegociación de los contratos en el sector extractivo desde el año 2006, pues ahora –y en plazos aun inciertos- se tendrán que negociar nuevamente los términos de la relación con el Estado. Y hay que tomar en cuenta que estas re-negociaciones de los contratos no se harán ya en el marco de un escenario de precios altos y gran rentabilidad de las empresas, sino en un momento de precios muy bajos y escasa rentabilidad.Las empresas del sector extractivo latinoamericano buscan financiamiento
En el contexto de la crisis internacional, las empresas del sector extractivo en América Latina se han visto obligadas a buscar nuevas fuentes y nuevas modalidades de financiamiento para poder sostener sus inversiones planeadas o simplemente para poder mantener el nivel de producción que habían estado registrando los años anteriores. Las estrategias han sido bastante distintas entre los diferentes países y empresas, pues se observaron asociaciones público-privadas, venta de empresas y el uso de las reservas internacionales para financiar inversión.
En Brasil, la minera anglo-australiana Rio Tinto puso a la venta dos de sus proyectos por un monto de US $1,6 millones con el objetivo de reducir la deuda de 10 millones que enfrenta. Representantes de la empresa anunciaron que Vale do Rio Doce podría comprar el proyecto de extracción de potasio en Argentina y la mina de hierro de Corumbá en Brasil.
Mientras tanto, la estatal ecuatoriana Petroamazonas, reveló que, dentro de su presupuesto del 2009, el Estado gastaría US $356 millones, pero para financiar el resto de las inversiones de US $506 millones, necesarias para mantener una producción de 100 mil 500 barriles diarios, recurriría a Contratos de Alianzas Operativas con el sector privado. Bajo esta fórmula, la empresa privada se encargaría de todas las actividades del proyecto y Petroamazonas les entregaría el 25% de la producción.
En Trinidad y Tobago, el gobierno informó que estaba buscando alternativas para que continúen las operaciones de la empresa estatal Petrotrin, subsidiaria de Trinmar. Esta disminuyó significativamente su producción durante el 2008, por lo que se calculó que necesitaría una inyección de US $10 millones para mantenerse operativa. Inicialmente se informó que el Gobierno estaba buscando un socio para un joint venture. Sin embargo, luego se señaló que también se consideraba la posibilidad de poner a Petrotrin en alquiler o en venta.
En el Perú, se anunció la venta de la empresa Petrotech a una alianza entre la colombiana ECOPETROL y la estatal coreana KNOC. Esta venta se realizó en el momento en que Petrotech había sido relacionada con el escándalo de grabación ilegal de conversaciones telefónicas y luego de que la empresa tuviera numerosos problemas con los pagos de impuestos a Perupetro.
En contraste con los casos anteriores de búsqueda de alianzas público-privadas o de venta de las empresas petroleras, en Bolivia el presidente Evo Morales confirmó el 27 de enero que entregaría 1,000 millones de dólares de las reservas internacionales del país para que la petrolera estatal YPFB realice inversiones en el 2009. Estas reservas internacionales llegaban a US $7,8 millones de dólares en el momento del anuncio.
A pesar de que algunas empresas estatales han tenido que buscar financiamiento privado, aun se observa la tendencia al fortalecimiento de las mismas en el sector petrolero, por ejemplo, en el caso de la colombiana ECOPETROL que está emprendiendo proyectos fuera de su país. Es decir, estas empresas están siendo flexibles para mantener su posición en el sector. Sin embargo, el caso de Bolivia es preocupante pues la utilización de reservas internacionales como fuente de inversión no solo es insostenible sino que podría ocasionar problemas de liquidez en moneda extranjera para el país.
Ajustes en los mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles para el 2009
Luego de varios meses con precios internacionales del petróleo alrededor de los US $50, los gobiernos de países como Perú y Ecuador han estimado que este año ya no tendrán que destinar montos tan elevados de dinero a estabilizar el precio de los combustibles.
En Ecuador, se anunció que el gasto en subsidios a los combustibles en el 2008 había sido aproximadamente US $1,8 millones de dólares de los US $2,740 millones que gastó en la importación de petróleo. El subsidio permitió que se venda el barril de combustible en un precio promedio de US $35,6, mientras que se compraba a US $107. En el 2009, el precio de importación del petróleo se situó en US $65 por barril. Por lo tanto, para mantener el precio de venta a un nivel similar al del 2008, el Estado ecuatoriano aun tendrá que gastar en subsidios, pero el monto será mucho menor, aliviando la presión sobre un presupuesto ya fuertemente afectado por la caída de los ingresos derivados de la exportación de crudo.
En el Perú no se aplicaron subsidios directos para evitar las fluctuaciones excesivas del precio del petróleo, sino que se utilizó un Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Para crear este Fondo, el Estado aportó alrededor de 250 millones de soles, los que se utilizaron para compensar a las refinerías e importadoras de petróleo para evitar que suban los precios de sus combustibles. Sin embargo, este aporte no fue suficiente para cubrir las compensaciones durante todo el periodo de crecimiento de los precios, por lo que se generó una deuda con las refinerías e importadoras que hasta el 22 de enero del 2009 llegó a S/. 1,000 millones.
La manera que el Gobierno ha encontrado para pagar esa deuda es permitiendo que las refinerías mantengan sus precios de venta internos altos, aun cuando los precios internacionales se han venido abajo. De esa manera reciben un margen adicional que cubre la deuda. En efecto, el Viceministro de Energía, Daniel Cámac, ha afirmado que si se continúa pagando la deuda a las refinerías al ritmo actual de S/. 20 millones a la semana, esta se cancelaría en un año. Sin embargo, se siguen evaluando nuevos cortes en el precio de las gasolinas que reducirían el margen con el que se paga la deuda.
Políticas muy diferentes en países diferentes. Mientras que en Ecuador se protegió a los consumidores mediante un subsidio, en el Perú se protege la ganancia de las empresas haciendo que los consumidores paguen precios artificialmente altos, haciendo que sean estos—y no el Fondo—quienes aseguren la ganancia de las empresas.
Sources: Clarin.com, ElComercio.com, ElDeber.com.bo, Folha Online, El Universal, The Trinidad Guardian, La Razón, La Republica.pe
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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