ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y León Portocarrero
5 – 19 de Enero, 2009 |
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Bolivia busca diversificar los mercados de su gas
Hasta fines del 2008, Bolivia exportaba 31 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas a Brasil, pero a partir del 29 de diciembre y continuando en los primeros días de enero del 2009, Petrobras redujo su demanda en más del 30%, llegando a niveles alrededor de 20 MMmcd. Esta alarmante situación inició el debate sobre otros posibles mercados para esta porción del gas boliviano que no sería comprado por Brasil.
Las razones presentadas por Brasil para reducir su demanda fueron diversas. Se señaló, por ejemplo, que la época actual—caracterizada por altos niveles de lluvias—facilitaba el uso de generadoras hidroeléctricas en vez de termoeléctricas. Por lo tanto, esta caída en la demanda sería temporal y duraría aproximadamente hasta abril. Los otros motivos que se reportaron fueron una caída en la demanda causada por la crisis internacional y que la caída de los precios internacionales que hicieron más competitivos a los derivados del petróleo. Estos últimos dos, sin embargo, sí implican una reducción de la demanda más prolongada, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales y la duración de la crisis.
En los primeros días de enero, la boliviana YPFB temió que se tratara de una crisis, dado que en este mismo momento también se enfrentó una disminución de las importaciones de Argentina. Sin embargo, pronto se comenzaron a discutir las alternativas que surgían para la exportación del gas boliviano.
En primer lugar, el Ministro de Planificación y Desarrollo, Carlos Villegas, anunció que desde el 12 de enero el volumen de gas exportado a Argentina aumentaría de 2,7 a 7 MMmcd utilizando el gas que Petrobras había dejado de importar. Es decir, que la baja en la exportación de gas a Brasil se compensaba con la demanda Argentina que antes Bolivia tenía dificultades para satisfacer.
En segundo lugar, parece posible diversificar las exportaciones bolivianas al propio Brasil. En efecto, el 14 y 15 de enero se avanzó en las negociaciones entre el Gobierno y la empresa Transborder Service Gas (TBS) para exportar gas a la termoeléctica de Cuiabá en Brasil. Inicialmente se anunció que se exportarían 2,2 MMmcd, pero aún existe incertidumbre sobre este acuerdo debido a que no se concretaron los precios y el volumen fijo de venta.
En tercer lugar, se anunció que se estaba evaluando exportar gas a Chile, dentro de una agenda de 13 puntos que están negociando las autoridades de estos países. En un referéndum realizado en el 2004 por Carlos Mesa, la población se pronunció en contra de esta posibilidad, pero ante la caída de la demanda de Petrobras, se volvió a considerar este mercado, aunque señalando que no era una prioridad. En caso de avanzarse en explorar esta alternativa, se estaría dando un giro histórico en las relaciones diplomáticas y comerciales entre Bolivia y Chile, siempre marcadas por el reclamo boliviano de recuperar una salida al mar, perdida como resultado de su derrota en la Guerra del Pacífico en 1879.
Finalmente, también se expresó la posibilidad a futuro de exportar gas natural a Uruguay y Paraguay, dado que el Ministerio de Hidrocarburos había suscrito recientemente un acuerdo energético con las autoridades de estos países.
El Ministro Villegas dijo que "todo el volumen [de la producción de gas] ya está acomodado". En concreto, Bolivia produce 42 MMmcd de los cuales 5,8 se consumen en el mercado interno, 24 se exportan a Brasil, 7 a Argentina, 2,2 se exportarían a Cuiabá y 3 MMmcd se utilizarían como combustible para transportar los volúmenes anteriores.
Los recientes anuncios del aumento de la producción total de gas natural, generando un excedente de 8,5 MMmcd, además de la situación de crisis internacional que podría seguir afectando la demanda de los países, deberían moderar el optimismo en Bolivia e impulsar la búsqueda de acuerdos concretos con más mercados.
El gobierno anuncia el inicio de los procesos para licitar ITT en Ecuador
En junio del 2007 se presentó al Estado ecuatoriano una iniciativa para no explotar el petróleo del campo amazónico de Ishipongo Tambococha Tiputini (ITT), ubicado en el centro de la reserva natural Yasuní. Esta propuesta ambiental se sustentó en el intento de colocación certificados por un monto de US$350 millones al año, que garantizan a la comunidad internacional que el crudo se mantendría en la tierra.
Sin embargo, ante la falta de concreción del mecanismo propuesto—ya el 9 de Enero del 2009 se anunció que el Directorio de Petroecuador había comenzado a preparar la licitación de este campo, dado que la opción ambiental aun no había podido conseguir el dinero necesario. A ese respecto, el Ministro de Minas y Petróleos, Derliz Palacios declaró que: "La disposición fue que hasta enero se espere que exista respuesta (para la alternativa ambiental); pero al no existir, se alistan para la próxima sesión de Directorio de Petroecuador los caminos a recorrerse para la licitación del ITT".
Ante esta situación, el presidente del Consejo Administrativo y Directivo que promueve la Iniciativa de Conservación de Yasuní, Roque Sevilla, consideró que el Estado debería definir su posición sobre si explotar o no explotar ITT, dado que en Consejo había obtenido respuestas positivas de los gobiernos europeos, pero que para obtener resultados concretos aun se necesita un mayor periodo de tiempo. Asimismo, señaló que presentarían al gobierno un plan basado en la emisión de certificados de carbono por 410 millones de toneladas métricas de CO2 que podría generar USD 11,600 millones en los próximos 10 años, cifra superior a los beneficios de la explotación de petróleo de 30 años.
En este contexto, el director del programa para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Robert Hofstede, afirmó que la propuesta es innovadora y que este año se comenzará a discutir en Copenhague la firma de un nuevo protocolo, que podría incluir la conservación de Yasuní.
Asimismo, Hofstede aclaró que el gobierno había dado un plazo de seis meses más y que hasta el momento, ya se había conseguido un financiamiento de US$ 10 millones para la iniciativa. En su opinión, lo que haría falta para que funcione la opción de no explotar ITT es: "diseñar un tipo de certificado que cumpla con todos los requisitos, es decir, que esté validado por una certificadora independiente, una garantía para que estos papeles puedan ser vendidos en el mercado internacional, una tarea que requiere más tiempo".
Se trata pues de un momento crucial para una iniciativa que, en su momento, parecía liderar una nueva estrategia de desarrollo alternativa a la crónica dependencia ecuatoriana de la renta petrolera. Desde muchas partes del mundo se sigue con atención el desenlace en Yasuní.
La ola de despidos en el sector extractivo se intensifica en toda América Latina
En los últimos dos meses del 2008—luego de la grave caída de los precios de los metales—comenzaron a registrarse despidos masivos de trabajadores del sector minero de los países latinoamericanos. En las primeras semanas del 2009 esta situación ha continuado y se ha agravado, generando conflictos con los trabajadores y sus sindicatos, que consideran que la reducción de personal no responde a una caída de las utilidades de las empresas.
En el Perú, el presidente de la Federación Minera, Luis Castillo, anunció el 8 de enero que hasta ese día se habían despedido a 5,561 trabajadores en el sector, mientras que el Ministerio de Trabajo reconoció el despido de solamente 4,000. Estos despidos se han dado aun en grandes empresas mineras que siguen teniendo altas ganancias. Por ejemplo, la empresa Doe Run Perú, cuyas ganancias crecieron en 9,3%, despidió a 457 trabajadores. El caso más alarmante es el de la minera Yanacocha que despidió a 800 trabajadores a pesar de que en el 2008, sus ganancias crecieron en 35%. Además, Yanacocha es productora de oro por lo que no ha enfrentado reducciones en su precio.
Según especialistas en temas mineros de diferentes organizaciones de la sociedad civil, esta enorme cantidad de despidos ha sido facilitada por la amplia utilización de empresas contratistas y la reducida sindicalización de los trabajadores del sector. En efecto, de 100,000 trabajadores mineros en todo el país, 80,000 se vinculan a las empresas a través de contratas, siendo más vulnerables a los despidos y recibiendo salarios inferiores a los de los trabajadores en planilla. Además, solo el 30% de los trabajadores del sector están sindicalizados.
En Bolivia no se ha publicado un número global de despidos en el sector minero, pero se informó que solo la minera Sinchi Wayra—que opera en Oruro—ha despedido a 1,270 trabajadores entre diciembre y las primeras semanas de enero. Como resultado de esto, el 13 de enero, los trabajadores de esta empresa se trasladaron a La Paz para protestar por los despidos y por la falta de atención de parte de los representantes de empresa minera, quienes no asistieron a una reunión convocada por los trabajadores y el Ministerio de Minería. Ya el 9 de enero se había realizado otro paro de 24 horas en los centros mineros por la entrega de preavisos en todo el sector.
El Ministro de Minería de Chile declaró el 13 de enero que la caída de los precios y el cierre de operaciones había generado 10 mil desempleados. La pequeña minería fue la más golpeada, pues el nivel de precios actual es inferior a sus costos de producción, por lo que 398 faenas—el 20% del total—tuvieron que cerrar y casi 9 mil trabajadores perdieron su empleo. En la gran minería, BHP Billiton anunció que despediría a 2,000 trabajadores, Teck Cominco a 475 y el grupo Luksic a 122 trabajadores.
En Argentina y en Brasil, los despidos se han concentrado en empresas siderúrgicas. En efecto, la empresa argentina Siderar del grupo Techint, decidió suspender la construcción de un alto horno para sus operaciones y despidió a mil trabajadores metalúrgicos y de construcción. Mientras tanto, la Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil (CSN), despidió a 300 trabajadores de tiempo completo y 100 temporales en diciembre y a 200 más en enero por recortes en su producción.
La situación del empleo en el sector extractivo es diferente en cada país y, como consecuencia, la manera como se vive la crisis y las alternativas a ser puestas en práctica han de ser diferentes. De hecho, es diferente el reto planteado por el sistema de contratas en Perú y la gran cantidad de pequeñas minas en Chile. Pero en todos los casos los trabajadores reclaman no ser las primeras víctimas del impacto de la crisis internacional en el sector.
Sources: El Mercurio, Jornal do Brasil, Yasuní Depends on You, Business News Americas, Elcomercio.com, eldeber.com.bo, La Razón, La Republica.com.co, Página|12, Folha Online
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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