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25 de junio, 2009

La democracia peruana agoniza en la Curva del Diablo: El 5 de Junio y el 17 de Junio del 2009—mismos actores, distinto guión

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By Leon Portocarrero, Claudia Viale, Carlos Monge of RWI Latin America

  Photo: AIDESEP
Los manifestantes y las fuerzas policiales se enfrentaron a comienzos de Junio cerca de Bagua, en la Región Amazonas del Perú.

Photo: powless/Flickr

Si uno llegaba a Lima después del 16 de Junio del 2009, no se podía imaginar que los actores políticos y sociales que ahora sonreían para los fotógrafos, mientras acordaban abrir un proceso de consulta para elaborar una visión compartida del desarrollo de la Amazonía peruana, habían estado sólo dos semanas antes involucrados en una confrontación que eventualmente llevó a la muerte de por lo menos 34 policías y activistas nativos, dejando un país polarizado y un régimen democrático gravemente herido.  

El 5 de Junio del 2009, fue el día número 55 de la masiva protesta de las organizaciones indígenas a través de toda la Amazonía peruana, demandando que el Congreso Nacional derogue un conjunto de decretos que consideran los afectan negativamente. Alrededor de las 5:30am, las fuerzas Policiales—con el apoyo del Ejército—atacaron a los nativos Awajun Wambis, que bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde en un lugar conocido como la Curva del Diablo, cerca de la capital provincial de Bagua, en el noroeste de la región de Amazonas. En las horas siguientes también desalojaron el Pozo 6, una estación de bombeo de petróleo que fue tomada por los indígenas Awajun Wambis, quienes tenían capturados a los 38 policías asignados a la guardia del lugar.

El resultado, según las cifras oficiales, fue de 24 policías y 10 indígenas muertos. Inmediatamente después, el Presidente Alan García, el Primer Ministro Yehude Simon y los líderes del APRA en el Congreso, acusaron a los indígenas, a los dirigentes de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)1 y a la oposición política de ser parte de una conspiración internacional en contra del desarrollo y la democracia del Perú. El spot televisivo nacional que denunciaba el asesinato de policías y la acusación formal de la Procuraduría General de la República en contra de los dirigentes indígenas con cargos de insurgencia y sedición fueron parte de la respuesta que parecía definir la continuación de un escenario de confrontación abierta.

Relatos locales y análisis independientes vieron los hechos de manera muy distinta: 24 policías muertos, la mayoría de ellos asesinados por nativos enfurecidos cuando se tomó el Pozo 6; más de 100 activistas indígenas muertos2, con el número exacto todavía por ser determinado3; un movimiento indígena que logró recomponerse—Lidia Rengifo, lideresa Shipibo, fue nombrada la nueva dirigente nacional de AIDESEP después de que Alberto Pizango se haya exiliado en Nicaragua—una huelga que continuó después de la confrontación, hasta que el gobierno aceptó su derrota y el Congreso aprobara la derogación de los decretos4; y una creciente percepción de la opinión pública de que el gobierno había manejado mal los eventos y que el Primer Ministro y su gabinete deberían renunciar.5

El 17 de Junio, alrededor de la 1pm, un grupo de líderes indígenas se dirigen al Congreso Nacional donde el Primer Ministro Simon va a presentar el proyecto de Ley que deroga los mismos decretos por los que los indígenas habían estado peleando y que el gobierno había defendido ferozmente hasta el último momento.6 Ese mismo día, el Presidente García salió en la televisión nacional para insistir en que la intención del gobierno fue tratar de traer el desarrollo y la prosperidad a la Amazonía y que había chocado con una conspiración internacional en contra de la democracia y el desarrollo del Perú. Pero también reconoció que se cometieron errores y que se necesitaba un nuevo comienzo, haciendo un llamado al Congreso a derogar los decretos 1090 y 1064.

El día anterior, Yehude Simon había presidido la Mesa de Diálogo en la ciudad central amazónica de San Ramón, en la Región Junín, donde se reunió con los Apus y los líderes indígenas de la Amazonía y acordaron solicitar al Congreso la derogación de los decretos que AIDESEP había estado cuestionando. Inmediatamente después, el Presidente García anunció que se establecería el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con la participación de representantes del Ejecutivo, Presidentes Regionales y Alcaldes Provinciales de las regiones amazónicas, así como representantes de las comunidades nativas.

Mientras el gobierno tomaba este dramático cambio de dirección, sus aliados conservadores en el Congreso acusaron a Alan García de  traicionar su compromiso con las políticas pro-empresa y pro-inversión y por ceder ante las demandas de un puñado de activistas que él mismo había denunciado el día anterior. Por otro lado, AIDESEP sostuvo que, aunque era bienvenida esta nueva actitud del gobierno, también querían aclarar que derogar dos decretos estaba lejos de ser suficiente, y también demandaban el fin la persecución judicial y política de sus líderes, la libertad para los detenidos y una revisión exhaustiva de todos los decretos denunciados por AIDESEP, entre otras cosas.

Los acontecimientos previos a la confrontación del 5 de Junio
El siguiente es un resumen de los acontecimientos que llevaron a la confrontación del 5 de Junio. Diferentes analistas han realizado resúmenes más o menos similares en términos de la cadena de decisiones que llevaron a esta tragedia. Nosotros hemos tomado uno producido por Ana María Vidal, respetada abogada y analista, el cual ha estado circulando por la web.7

  1. Noviembre 2007: El Presidente García publica "El Perro del Hortelano", una serie de tres artículos que salieron en el diario El Comercio, donde sostuvo claramente que la comunidades indígenas y campesinas y los pequeños propietarios de la tierra eran un impedimento para el uso eficiente de los recursos naturales.
  2. 12 de diciembre del 2007: El Presidente García solicita al Congreso facultades extraordinarias para legislar en temas relevantes para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
  3. 19 de diciembre del 2007: El Congreso le otorga al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas.
  4. 28 de junio del 2008: El Ejecutivo aprueba más de 100 Decretos Legislativos, muchos de los cuales excedían lo concerniente al TLC.
  5. Julio 2008: AIDESEP denuncia y demanda la derogatoria de 12 Decretos Legislativos.
  6. Agosto – septiembre 2008: AIDESEP inicia una huelga general demandando la derogatoria de los decretos.
  7. Agosto 2008: El Congreso deroga el DL 1015 y el DL 1073 porque violaban la Constitución, negocia con AIDESEP el fin de la huelga y anuncia la creación de una comisión para revisar el resto de los decretos.
  8. Diciembre del 2008: La comisión del Congreso a cargo de revisar los decretos presenta su reporte, pero el debate se pospone hasta febrero porque los congresistas salían de vacaciones.
  9. Febrero 2009: No se da ningún debate sobre los decretos en el Congreso.
  10. 12 de marzo del 2009: AIDESEP manda cartas al Congreso y al Primer Ministro recordándoles su promesa de revisar los decretos y demandando que se presente y sea debatido el reporte de la comisión.
  11. 9 de abril del 2009: Sin respuesta alguna, los líderes locales y regionales de AIDESEP deciden re-lanzar la huelga.
  12. 20 de abril del 2009: El Primer Ministro se reúne con AIDESEP y se llega al acuerdo de formar una comisión con los distintos grupos de interés, pero más tarde, el Primer Ministro Simon dice que primero requiere que se levante la huelga, algo que AIDESEP se niega a hacer.
  13. 24 de abril del 2009: El Presidente del Congreso anuncia que debatirían el reporte sobre los decretos, pero que ese debate debe seguir el procedimiento normal dentro del Congreso y no puede apurarse. El Presidente García permanece callado acerca de esto, pero sí se reúne con el dueño de Perenco, una compañía petrolera afectada por el bloqueo de los ríos en Ucayali.
  14. 4 de mayo del 2009: La Marina de Guerra rompe el bloqueo del Río Ucayali y permite que pasen los botes de Perenco para transportar el petróleo.
  15. 9 de mayo del 2009: El Gobierno impone el Estado de Emergencia en 5 Regiones.
  16. 11 – 13 mayo del 2009: El Primer Ministro Simon y el líder de AIDESEP Pizango se reúnen una vez más, pero no se llega a ningún acuerdo.
  17. 15 de mayo del 2009: AIDESEP declara que apelarán a su derecho constitucional a la insurgencia contra gobiernos dictatoriales, pero más tarde se retracta después de reunirse con Beatriz Merino, Defensora del Pueblo.
  18. 19 de mayo del 2009: La Comisión Constitucional del Congreso recibe y debate el reporte, acepta la inconstitucionalidad del DL 1090 y recomienda que se derogue.
  19. 22 de mayo del 2009: La Ministra de Justicia Rosario Fernández acusa formalmente a Pizango de rebelión, sedición y conspiración.
  20. 4 de junio del 2009: El APRA, partido de García, paraliza el debate en el Congreso argumentando que la aún inexistente nueva comisión  tenía primero que presentar un reporte técnico sobre los decretos. Esta nueva negativa del Congreso de discutir los decretos es denunciada amargamente por AIDESEP.
  21. 4 de junio del 2009: La Defensoría del Pueblo anuncia formalmente que va a presentar al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra del DL 1064 por su procedimiento y contenido, y que revisaría el resto de decretos.8

5 de junio del 2009: 396 miembros de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) con el apoyo de las Fuerzas Armadas, atacan al bloqueo de los indígenas en la Curva del Diablo y el Pozo 6.

Algunos antecedentes I: El territorio de la Amazonía peruana9
Como podemos ver en la tabla a continuación, la Amazonía tiene un área total de 78´282,060 ha, de las cuales 13.4% ya le pertenecen a las 1,232 comunidades nativas que han sido legalmente reconocidas y formalmente tituladas.10 Junto con las tierras pertenecientes o destinadas a los pueblos indígenas, 20% de la Amazonía le pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En resumen, alrededor de 42 millones de hectáreas de la Amazonía, o 52.69% de su superficie total, están, supuestamente, prohibidas para los proyectos de inversión de gran escala.

Área
Hectáreas Número Porcentaje
Amazonía 78,862,060.00   100.00
Tierras tituladas de la comunidades nativas 10,564,258.00 1232 13.40
Tierras de las comunidades nativas en proceso de titulación   300 -
Reservas Indígenas (existentes) 2,812,686.00 5 3.57
Reservas Indígenas (propuestas) 3,976,168.00 6 5.04
Áreas Naturales Protegidas 21,220,900.00 25 26.91
Reservas naturales 2,980,100.00 5 3.78
Total de tierras fuera de los límites de la gran inversión 41,554,112.00   52.69
Concesiones forestales 7,802,660.00 1228 9.89
Bloques petroleros 56,131,862.00 81 71.18
Tierras deforestadas para los negocios agrícolas 8,369,610.00   10.61
Total de tierras entregadas a la gran inversión 72,304,132.00   91.68

Fuente: Benavides, Margarita. El Reclamo de la Selva. En: El Comercio, 08/06/09. Abundante información sobre la Amazonía y los pueblos indígenas del Perú puede encontrarse en Instituto del Bien Común.

Pero, también encontramos que ya se han entregado 1,228 concesiones forestales y 81 concesiones para hidrocarburos por el 81% del total de la superficie amazónica, mientras que el gobierno quiere declarar otro 10.61% como áreas deforestadas, las cuales pueden ser otorgadas para llevar a cabo inversiones agrícolas.

Es claro que existe una superposición. Sin dudas, el gobierno está entregando a la inversión privada tierras que supuestamente están fuera de los límites de estas actividades. Ahora, como el sector ambientalista ha sido relativamente exitoso en "proteger las áreas naturales protegidas",11 el hecho es que el gobierno ha estado entregando tierras indígenas para lotes petroleros y concesiones forestales. Es esto lo que se encuentra en el núcleo del conflicto, una situación que no ha sido creada por los pueblos indígenas, sino por una sucesión de gobiernos que han entregado sus tierras a grandes inversionistas.

La velocidad con la que este proceso se ha llevado a cabo ayuda a entender la violenta naturaleza de la respuesta de los indígenas. En efecto, entre el 2004 y el 2006, el porcentaje de la Amazonía que ya se ha asignado a los intereses petroleros saltó de 15% a 68%. Hoy, de acuerdo con las cifras presentadas arriba, ha llegado a más del 80% y podría acercarse al 90%, si el gobierno tiene éxito en entregar las tierras deforestadas para proyectos agro-industriales.

No es de extrañar entonces que los pueblos indígenas se hayan sentido arrinconados ante este masivo reparto de tierras que ha invadido sus territorios necesarios para la continuación de su éxito y supervivencia.

  Photo: AIDESEP


Algunos antecedentes II: Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Las áreas rurales de la Amazonía son las más pobres del país. En efecto, según los indicadores económicos del 2007, 55% de la población rural de la Amazonía es pobre y 23% vive en la extrema pobreza. En Lima Metropolitana, estas cifras solo llegan a 18.5% y 0.5% respectivamente.12

La Amazonía tiene una población total de 3,675,292 de los cuales 332,975 son indígenas o 9% del total. Esta población está compuesta por 56 etnias que pertenecen a 17 familias lingüísticas,13 incluyendo los Maijuna, Secoya, Bora, Huitoto, Yagua, Jebero, Achuar, Kichwaruna, Wangurina, Shipibo, Cacataibo, Ashaninca, Cashinahua, Sharanahua, Cukina, Amahuaca, Amarakaeri, Kechuas, Aguaruna, Chayahuita, Cocama, Cocamilla, Huambisa, Shapra, Candoshi, Yine, Yami Matsiguenga, Yanesha, Arasaire, Toyoeri, Harakmbut, Asheninca, Nomatsiguenga, Ese-Eja, Huachipaeri, Ocaina, Ticuna, Urarina, Yaminahua, Yora, Nahua y Muratu.

Estas etnias están ubicadas en 11 de nuestras 26 actuales regiones.14 Amazonas, donde ocurrieron los eventos del 5 de Junio, ocupa el tercer puesto en población indígena, con Loreto y Junín en el primer y segundo puesto respectivamente. Pero Amazonas es la región en la que los indígenas constituyen la proporción más alta de la población total.

La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP –que ha liderado la reciente protesta indígena– se estableció al inicio de la década de los 80 como una agrupación de procesos organizacionales como aquellos de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) de los Ashaninkas, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) de los Shipibos y el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH) de los Awajun Wambis.

AIDESEP está actualmente basada en 6 cuerpos descentralizados localizados en diferentes sectores de la Amazonía peruana, los cuales a su vez, unen a 48 federaciones nativas que articulan a 1,340 comunidades nativas.15

Algunos antecedentes III: García y su visión del desarrollo del Perro del Hortelano16
Perú experimentó una revolución militar de centro izquierda en los 70, la cual reguló fuertemente la mayoría de mercados y desarrolló una importante presencia del Estado en la economía. Después de la década de los 80, dominada por un conflicto armado interno y mal manejo macroeconómico, a inicios de los 90, Fujimori implementó una política de drástico ajuste macroeconómico, luego desreguló todos los mercados, privatizó la mayoría de los activos y servicios del Estado, y promovió la gran inversión en la explotación de los recursos mineros y petroleros del país.

Después de la caída de Fujimori,17 Toledo y García han mantenido los principios básicos de las políticas económicas de los 90. En el caso del Presidente García, aunque ganó las elecciones nacionales del 2006 con una plataforma de centro izquierda y prometiendo una administración pro-pobre, en la práctica ha reforzado y radicalizado estas políticas. El Perro del Hortelano, un texto publicado en tres partes por García a fines del 2007, es la expresión más clara de la radical versión de las políticas orientadas al mercado que ha adoptado en su segunda administración, un verdadero manifiesto neoliberal. 

Para ilustrar cómo estas políticas han inspirado los decretos recientemente derogados, y por ende, el conflicto social en la Amazonía, presentamos algunos párrafos claves de "El Perro del Hortelano", seleccionados por el respetado analista rural Fernando Eguren.18

"Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además, cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

"Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

"Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

"Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero.”

"...aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”

"…el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”

"…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Eguren resume su propio análisis diciendo: Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país, que constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.

Este discurso inspiró los decretos que alimentaron el conflicto,  pero el gobierno  fue vencido y tuvo que ceder. Sin embargo, ¿cambiará sustancialmente la visión de García o sólo se está dando a sí mismo un poco de tiempo adicional para enfrentar las resistencias sociales actuales? Esta es una pregunta fundamental porque si el Presidente persiste en su visión y las políticas no cambian, los decretos pueden haberse derogado hoy, pero el conflicto puede volver a emerger mañana.

Los temas de fondo19
La causa inmediata de la protesta es, por supuesto, el rechazo de las organizaciones indígenas regionales de los Decretos Legislativos y sus subsecuentes reglamentos territoriales, que estas organizaciones consideran que amenazan sus tierras comunitarias y abren paso a una variedad de desarrollos de gran escala en sus territorios ancestrales.

Pero los temas subyacentes son mucho más complejos y se remontan a dos decisiones estratégicas que el Perú necesita tomar como nación. Una implica determinar el verdadero lugar de los pueblos indígenas en el territorio peruano. La otra se refiere al rol particular que la Amazonía desempeñará en la economía global del siglo XXI. 

Primero: ¿Está preparado el Perú para reconocerse como una nación construida a partir de varias naciones? ¿Está listo el Perú para darles a los pueblos indígenas de la Amazonía el derecho a tomar decisiones sobre sus territorios, incluyendo los recursos del subsuelo? ¿Está listo el Perú para darles representación política nacional a través de distritos electorales indígenas?

Segundo: ¿Está preparado el Perú para decidir que la Amazonía ya no debería ser vista como proveedora de madera, recursos agrícolas y combustibles fósiles para sostener el consumo y los patrones de desarrollo insostenibles del norte y de las naciones emergentes? ¿Está listo el Perú para decidir que la Amazonía debería proporcionar oxígeno y agua fresca al mundo, los dos recursos escasos del futuro?

Estos son los conflictos estructurales más profundos en la raíz de la huelga de los pueblos indígenas de la Amazonía. Estos son los temas de fondo.

¿Y ahora qué? ¿Qué desarrollo y qué democracia ahora?
Como hemos sostenido en las secciones anteriores, después de la reacción inicial centrada en la campaña política y judicial de alto perfil en contra de los líderes indígenas, lo que llevo al exilio en Nicaragua al Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, el gobierno cedió ante la presión de los movimientos sociales indígenas y de la opinión pública y derogó los decretos.

Mientras se escriben estas líneas, el Ejecutivo, las autoridades regionales y las organizaciones indígenas se están preparando para participar en el mecanismo de negociación que se ha establecido para discutir una nueva estrategia de desarrollo para la Amazonía y sus pueblos. Los resultados de este proceso serán críticos no solo para definir la relación inmediata entre el movimiento indígena y el gobierno, o la (esperemos) nueva forma de las políticas públicas para la Amazonía, pero también definirá el mismo contenido de nuestro sistema democrático para los próximos años.

En efecto, después de una década de lucha en contra del régimen autoritario de los 90, los peruanos conquistaron una transición democrática que comenzó en el 2000. Su promesa fue una de reconciliación e inclusión, de una democracia donde todos los peruanos puedan encontrar un lugar donde ser escuchados. Ese concepto de democracia fue gravemente herido en la Curva del Diablo y se le ha dejado agonizando frente a nuestros ojos como resultado de una masiva confrontación entre todos los sectores de la Amazonía y el gobierno central, que quiso forzar su visión sobre la de los locales, sin escucharlos.

Hay esperanza de que, luego de haber sido forzado a reconocer que no puede imponer sus ideas sobre la gente, el gobierno esté ahora dispuesto a escuchar y que el resultado de más de 30 muertes sea una democracia más inclusiva, donde todas las partes tengan derecho a opinar y a ser escuchados, y donde los pueblos indígenas no sean tratados como ignorantes e incapaces ciudadanos de segunda clase, sobre a quienes las élites ilustradas de Lima deben imponer sus puntos de vista, por su propio bien. Si esto es así, la democracia tomaría un nuevo significado para los que siempre han sido dejados atrás. Pero si esto es simplemente una forma de ganar más tiempo, de distraer a los líderes nativos y de encontrar otra forma de imponerles la agenda de los intereses de unas cuantas empresas y la visión de desarrollo de las élites urbanas, la democracia seguirá siendo -una vez más- despojada de todo sentido para aquellos que nunca se han beneficiado de ella realmente.



1 AIDESEP es la organización representativa de las comunidades indígenas de la Amazonía. Ver www.aidesep.org.pe y www.coica.org.ec.
2 Los heridos incluyen a Santiago Munin, un respetado líder Awajun Wambis con mucha cercanía a la Iglesia Católica y que recibió recientemente el premio Reina Sofía en reconocimiento a sus esfuerzos pacíficos para fortalecer la identidad y los derechos de los Awajun Wambis en el área. Mientras se recuperaba en el hospital de 8 heridas de bala, le entregaron su orden de captura.
3 Activistas y líderes locales denuncian que los cadáveres fueron quemados o lanzados a ríos cercanos por las fuerzas policiales.
4 Después de la confrontación el 5 de Junio, el aeropuerto de Trompeteros en la Región de Loreto fue tomado; la carretera Tarapoto – Yurimaguas entre San Martín y Loreto fue bloqueada nuevamente; los Shipibo y Asháninka de Ucayali anunciaron que bloquearían el río y impedirían todo comercio fluvial y se iniciaba y una huelga general amazónica con el apoyo de autoridades regionales y locales y la sociedad civil de casi todos los sectores.
5 Hasta el periódico de centro derecha El Comercio, que el día del conflicto acusó en su página principal a los políticos de oposición de incitar al conflicto en la Amazonía, ahora llama a la renuncia del Primer Ministro y su gabinete (www.elcomercio.com.pe). Yehude Simon ha anunciado que renunciará después de que se resuelva el conflicto y se pacifique el país.
6 Ver here.
7 Perú: "Cronología de una matanza anunciada". Ver www.servind.org.
8 Verwww.defensoria.gob.pe.
9 Incluye parte o todo el territorio de Loreto, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Junín, Pasco, Huánuco, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, y Cajamarca.
10 El número total de comunidades indígenas amazónicas es de 1,509, pero más de 300 están aún en proceso de ser reconocidas y tituladas. Todas consideran que la tierra es insuficiente porque la titulación se ha basado en la tierra que utilizan para cultivos permanentes, pero sin considerar los territorios de caza, recolección y pesca que necesitan para su reproducción y los reclamos como territorio.
11 Debemos poner énfasis en el término "relativamente". Por ejemplo, uno de los factores que enfureció a los Awajun Wambis contra el gobierno fue que  un área del Parque Nacional Awajun Wambis, fue recortado para dar concesiones mineras a Dorato, una compañía minera propiedad de inversionistas Canadienses.
12 Toda la información citada en este artículo se ha conseguido del Instituto del Bien Común, organización local especializada en las comunidades indígenas del Perú (ver www.ibcperu.org)  y resumida en Ideele Nº193: La Amazonía número por número. Ver www.idl.org.pe.
13 Ver www.aidesep.org.pe.
14 La desagregación de pueblos indígenas por región es la siguiente: Loreto: 105,900 (31.0%), Junín: 73,637 (22.1%), Amazonas: 52,153 (15.7%), Ucayali: 40,407 (12.1%), San Martin: 21,416 (6.4%), Pasco: 16,414 (4.9%), Cusco: 15,230 (4.6%), Madre de Dios: 4,005 (1.2%), Huánuco: 2,594 (0.8%), Cajamarca: 988 (0.3%), Ayacucho: 231 (0.1%).
15 Ver "Por qué y cómo se construye AIDESEP," en www.aidesep.org.pe.
16 El Perro del Hortelano es el título de una de las comedias del autor español Lope de Vega, publicada en  1618. La frase se refiere popularmente a alguien que no usa algo, pero tampoco permite que otros lo usen. Los artículos del Presidente García sobre este tema se publicaron en el Diario El Comercio en octubre del 2007.
17 Su tercera elección en el 2000 fue muy cuestionada por inconstitucional y fraudulenta, y cuando surgió la evidencia de la corrupción de alto nivel bajo su administración, huyó del país a Japón. Actualmente está en la cárcel en el Perú. Ha sido sentenciado por violaciones de derechos humanos y está siendo juzgado por corrupción.
18 Fernando Eguren es el director del diario académico Debate Agrario y el Presidente de CEPES, organización dedicada a políticas rurales. Ver www.cepes.org.pe
19 Esta sección se ha tomado de la nota publicada por los autores en la página web de Revenue Watch Institute, antes de los acontecimientos del 5 de Junio. Ver www.revenuewatch.org.

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MEDIA FEED

U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times

Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times

Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters

Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times

To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail

Court Backs Oil Project - The New York Times

Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post

IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager

Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press

After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News

Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times

Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters

Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)

Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times

In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America

Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web

 

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2006, 2005

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Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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